La Junta de Andalucía ha atendido, gracias al Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, a cerca de 150.000 personas. Esta cifra se desprende del balance que ha realizado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, de cada una de las medidas puestas en marcha gracias a este decreto, que se aprobó para crear una red de seguridad para "mermar desigualdades, que todos sabemos son fuente de exclusión social, de pobreza y de desafección".

   Las medidas del decreto, como ha recordado la consejera, han permitido fomentar el acceso a la contratación como principal elemento de integración e inserción social. Así, el decreto ha contemplado, dentro del Plan Extraordinario de Acción Social, el Programa de Ayuda a la Contratación, que incluye las ayudas a los municipios para la contratación laboral por un periodo de entre 15 días y tres meses para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad.

   Más del 99,6 por ciento de los ayuntamientos andaluces --768 de los 771 municipios que hay en Andalucía-- solicitaron adherirse a las ayudas contempladas en el programa, dotado con 40 millones de euros. En este momento, está totalmente abonado a los ayuntamientos, que tenían como límite establecido en el propio decreto para formalizar los contratos el 4 de noviembre pasado.

   Aunque aún no se puede realizar un balance del número de contrataciones que se han realizado porque el límite para la justificación por parte de los consistorios es en mayo de 2014, la consejera ha adelantado que, hasta la fecha y con datos de 359 municipios (el 46,74% del total de participantes), se han realizado 11.690 contratos y que se espera superar las 26.000 contrataciones.

   Con esta medida se trataba de contratos temporales para personas con riesgo o en situación de exclusión social que llevaran más de un año en situación de desempleo y con ingresos menores en la unidad familiar a la que pertenezca al 1,5 del Iprem.

   En cuanto al ¡ Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, también incluido en el Plan de Acción Social y dotado con 20 millones, ha permitido, a través de ayudas a las entidades locales (82 municipios y las ocho diputaciones provinciales), el mantenimiento de la dimensión horaria de la oferta de ayuda a domicilio. De esta manera, se ha dado cobertura a las necesidades de la población con esta prestación y, además, se ha evitado la pérdida de empleo en el sector a consecuencia de las modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto Ley 20/2012.

   Estas ayudas han permitido mantener el empleo a unas 2.200 personas y prestar servicio a más de 13.500 usuarios. La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio financiado con cargo a este programa se ha determinado en número de horas de atención mensual, según las necesidades de la persona y del informe social, con un máximo de 20 horas mensuales. Se llevará a cabo mediante la transferencia de financiación a los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones.

PLAN EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA

   "El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria trata de poner al alcance de las familias en situación más difícil de los mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación", ha afirmado la consejera. Dotado con 16 millones de euros, que se suman a los cuatro que ya se están dotando en las convocatorias generales de subvenciones para hacer frente a estas necesidades, ha funcionado a modo de red con el objetivo de aglutinar todos los esfuerzos, tanto los que se hacen por parte de la Junta de Andalucía como de los colectivos, organizaciones y ONG que trabajan en este ámbito y a los que se les ha reforzado su labor.

   Gracias a él se han reforzado con diferentes líneas de subvenciones a los agentes que actualmente están trabajando en este ámbito (comedores, economatos sociales, provisión directa de alimentos) con las que se llegan a las personas con riesgo de exclusión social, con problemas graves y a las Zonas de Necesidad de Transformación social. Pero dentro de esta población con escasos recursos, ha expuesto Sánchez Rubio, "hay dos colectivos de mayor incidencia por la sensibilidad especial que hay que tener con ellos, dos colectivos en los que se está incrementando más la pobreza y que tienen una mayor vulnerabilidad: los niños y las personas mayores".

   Para los menores hay varias líneas de ayudas específicas que suman siete millones de euros. La primera de ellas es la ampliación de las Ayudas Económicas a las familias, dotadas de cuatro millones de euros. Estas ayudas se articulan a través de convenios con las entidades locales, con los que se ha firmado 90 acuerdos. La ampliación de estas ayudas está permitiendo atender a 22.500 familias más.

   La segunda es el reparto de tres comidas diarias en los comedores escolares, que garantiza la ingesta calórica a los menores en situación de riesgo de exclusión social. A día de hoy son 16.749 los menores que se benefician de estas tres comidas en 1.003 centros escolares. Ha contado con un presupuesto de dos millones de euros y para determinar las personas a las que se garantiza esta prestación es necesario un informe de los servicios sociales comunitarios correspondientes al ámbito territorial del centro escolar.

   En las Zonas con Necesidades de Transformación Social y en periodo estival se atendieron a más de 4.000 menores en 55 escuelas de verano, gracias a un presupuesto de 1,6 millones de euros.

   Para otro de los colectivos más dañados por la crisis, los mayores, se ha reforzado el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa donde se han ofrecido, hasta el momento, más de 119.208 comidas bonificadas al 50 por ciento. Además hay una línea de catering a domicilio para las personas mayores de 65 años con bajos recursos que no puedan acceder al servicio de comedor. Para este programa hay una dotación presupuestaria de medio millón.

INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD

   El decreto contemplaba una serie de medidas para dotar de mayor agilidad administrativa al procedimiento para la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad hasta que se apruebe la normativa reguladora de la Renta Básica y se ha ampliado presupuestariamente.

   Para este programa del Ingreso Mínimo de Solidaridad se han presentado este año 60.072 solicitudes y se han concedido 55.577 salarios sociales. Para esta línea se han destinado más de 99 millones de euros, 70 presupuestados en 2013 y una ampliación de cerca de 30 millones. Durante 2012, se presentaron un total de 54.893 solicitudes, que se duplicaron desde 2007, se concedieron más de 32.000 y se destinaron 68,3 millones.

ACTUACIONES EN 2014

   La difícil situación económica que la ciudadanía continúa padeciendo en 2014 hace necesario que el Gobierno andaluz prorrogue las medidas recogidas en el Decreto con el objetivo de atender las necesidades de la población más vulnerable y continuar luchando contra el riesgo de exclusión social.

   Por este motivo, la Junta de Andalucía destinará 164 millones de euros para 2014, manteniendo la dotación presupuestaria para las líneas incluidas en el Decreto: Plan Extraordinario de Acción Social, que apuesta firmemente por el empleo como fórmula para evitar las desigualdades y la exclusión social así como la consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio; la garantía alimentaria para los andaluces y andaluzas y el Ingreso Mínimo de Solidaridad.