Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, quiere conocer si la Consejería de Justicia e Interior tiene previsto "sustituir completamente" los vigilantes de seguridad privada en edificios judiciales por personal de la Guardia Civil en segunda actividad.
Así lo solicita la diputada de IULV-CA por Málaga María Dolores Quintana en una pregunta con ruego de respuesta por escrito dirigida al titular de este departamento, Emilio de Llera, y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
La Consejería de Justicia e Interior y el Ministerio del Interior renovaron el pasado mes de agosto el convenio para que cerca de 900 agentes de la Guardia Civil presten servicios de custodia y seguridad en sedes judiciales de toda Andalucía durante el año 2013, a cuyo pago destinará la Junta 9,7 millones de euros.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Quintana pide al consejero de Justicia que detalle "cuánto se va a reducir el número de horas en seguridad privada para el próximo contrato de 2014" y aclare si "tiene previsto sustituir completamente los vigilantes de seguridad privada por efectivos de la Guardia Civil a medio o largo plazo".
DOS SUELDOS PARA LOS AGENTES MIENTRAS LOS VIGILANTES "PIERDEN EL EMPLEO"
Según la parlamentaria de IULV-CA, la sustitución "progresiva" de vigilantes privados por agentes de la Guardia Civil en segunda actividad en las sedes judiciales está provocando circunstancias como que "trabajadores hayan perdido su empleo mientras dichos agentes cobran dos sueldos".
De acuerdo con el convenio suscrito por Junta y Ministerio, que se viene renovando desde 2001, los agentes de la Benemérita realizan tareas de control de acceso de personas y material a sedes judiciales, supervisan los arcos metálicos y escáner y se encargan de labores de identificación cuando es necesario. En algunas sedes llevan a cabo estas labores en colaboración con empresas de seguridad privada.
Según los datos difundidos el pasado mes de agosto por la Consejería de Justicia, los guardias civiles que se encargan de este servicio atienden a una media mensual de cerca de 775.000 personas que acuden a los edificios judiciales de las ocho provincias andaluzas.
