El delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Gabriel Almagro, realizó este ofrecimiento ante la falta de acuerdo existente entre el representante del usufructuario del edificio y las monjas del convento Santa María (próximas propietarias cuando acepten el legado).
Eso sí, el responsable del ramo quiso precisar que esta propuesta no era nueva, sino la reiteración de la que ya hiciera la gerente de la Oficina, Silvia López, el mismo día en que se produjo el siniestro. Y lamentó que hasta la fecha el Ayuntamiento “no nos haya respondido”, culpándole de prolongar una situación “cada vez más insostenible” para las seis familias que llevan unos diez días realojadas en hogares de parientes y pensiones.
Por su parte, el Gobierno local volvió a tirar ayer de hemeroteca para recordar que ya en 1984 esta finca aparecía catalogada como infravivienda en el plan para el casco antiguo elaborado por el Consistorio del PSOE (el PEPCA), al que criticó por no intervenir para arreglarla.
En cuanto a la polémica sobre el refuerzo del forjado acometido en 1993, la alcaldesa insistió en que la responsabilidad de aquel trabajo fue del PSOE, que entonces “no sólo gobernaba en la Junta de Andalucía sino en el Ayuntamiento de Cádiz también”.
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