La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado hoy que el Gobierno andaluz "no descartará ningún instrumento, incluido el recurso al (Tribunal) Constitucional" contra la "cruel e insensible" ley del aborto que está promoviendo el Gobierno central.
En una reunión celebrada con carácter monográfico y convocada de manera urgente en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Díaz ha dicho estas palabras ante el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, cuyas representantes le han pedido "que haga todo lo posible para que esta ley no llegue a aplicarse" y "busque la forma de parar esta barbarie".
Se trata de la ocasión en la que el Gobierno central "ha mostrado mayor crudeza y mayor insensibilidad", según Susana Díaz, quien ha dicho que además lo ha hecho para ir "contra los derechos y las libertades de las mujeres".
Según la presidenta andaluza, es falso que este proyecto de ley, que ha calificado de "ejemplo de desigualdad", retrotraiga a la ley de 1985.
"No es verdad que retrotraiga a la ley del 85, sino que retrotrae a antes porque ni siquiera prevé el caso de malformación del feto", y es "un ejemplo de legislación que sitúa a las mujeres en un plano de inmadurez" y que las considera incapaces de decidir frente a su maternidad.
La nueva norma supone "una segunda vuelta de tuerca" porque a los recortes de libertades que están sufriendo los ciudadanos, esta norma hace que las mujeres sufran en mayor medida esa mengua de libertades y de derechos.
La ley sitúa a España "a la cola de Europa", según la presidenta andaluza, quien ha confesado que el sábado "daba rabia" ver que las portadas de los principales periódicos europeos titulaban con esta iniciativa del Gobierno español y la calificaran como "ejemplo de lo que no se debe hacer".
Díaz, que ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de gobernar "de manera ultraconservadora y retrógrada", ha asegurado que la nueva norma pondrá en riesgo la salud de las mujeres mientras que los profesionales de la salud volverán a padecer inseguridad jurídica.
También ha negado que con la nueva norma vaya a descender el número de abortos que se practican en España, sino que estos se llevarán a cabo "en condiciones de inseguridad jurídica y de salud para las mujeres", a la vez que ha asegurado que con la ley de 2010 no se han practicado más abortos sino que esa ley "ha dado más garantías".
