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Miércoles 10/08/2022  

Andalucía

Anticorrupción pide 8 millones al exdirector de IDEA por el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha imputado al exdirectivo presuntos delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy una fianza de responsabilidad civil de 8 millones de euros para Jacinto Cañete, ex director general de la agencia andaluza IDEA, que se ha acogido a su derecho a no declarar sobre los ERE falsos.

La juez Mercedes Alaya ha imputado al exdirectivo presuntos delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que la fianza solicitada por Anticorrupción responde a las cantidades presuntamente malversadas en las ayudas concedidas a través de IDEA.

Jacinto Cañete no ha declarado pero su abogado ha presentado un escrito en el que asegura que las partidas investigadas eran aprobadas por el Parlamento y suponían apenas el 8 por ciento del presupuesto que manejaba.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso Efe, sostiene que la consignación presupuestaria debatida "está aprobada por unas leyes de obligado cumplimiento como son las leyes de Presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía" entre 2001 y 2010.

Cañete recuerda que fue nombrado en 2008 y entonces IDEA "llevaba materializando los pagos del programa 31L desde hacía siete años", por lo que él mismo "no ideó, creó mi participó en la génesis de dicho programa".

Además, en los 18 meses que permaneció en el cargo "nadie, absolutamente nadie de la organización, le advirtió que los pagos del 31L pudieran ser contrarios a derecho, ilegales y menos aún delictivos".

Cañete "ni preparaba los presupuestos, ni decidía el modo de codificar presupuestariamente, ni comprendía el alcance y significado de que una partida se estableciera en un determinado lugar del balance".

A ello añade que en 2009 el presupuesto de explotación de IDEA fue de 700 millones de euros y el de capital de 238 millones, mientras que las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas "alcanzaban a lo sumo el 8 % del total del presupuesto".

Cañete afirma que la Cámara de Cuentas que supervisó los pagos es "un órgano enormemente escrupuloso y detallista" que "pueden detectar una irregularidad en un tiquet de dos euros", lo que no se corresponde con "dejar pasar año tras año, rendición de cuentas tras rendición de cuentas, nada menos que presuntas irregularidades de decenas y centenares de millones de euros".

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