El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la expropiación a la entidad financiera Banesto de una vivienda de 55 metros cuadrados en proceso de desahucio en la localidad malagueña de Torremolinos en la que reside un matrimonio --en paro y que no perciben ninguna prestación-- junto a sus cuatro hijos menores, con edades comprendidas entre los siete y los 16 años.
Se trata de la segunda expropiación que culmina el Gobierno andaluz tras la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz a finales de septiembre, después de la de la vivienda de María del Carmen Andújar y su familia, residentes en Huelva.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, los dos miembros del matrimonio que se benefician de la expropiación, Omar Abattouy y Umkiltoun Sarroukh, de 43 y 33 años respectivamente, se encuentran desempleados y actualmente no perciben ninguna prestación, de forma que sus únicos ingresos derivan de la ayuda de amigos y familiares y de la venta ambulante esporádica. Omar llegó a España en 1994 y pasó dos décadas trabajando en la construcción y con el 'pinchazo' de la burbuja inmobiliaria él y su familia han quedado en situación de "extrema vulnerabilidad".
En concreto, el Gobierno andaluz ha declarado la utilidad pública de la expropiación del uso de esta vivienda durante un máximo de tres años, lo que permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto.
Como requisito previo, la Consejería ha acreditado que esta familia se encuentra en riesgo de exclusión social, y que el desahucio amenazaría gravemente su integridad e incluso su salud. Esta familia también cumple todos los requisitos socioeconómicos establecidos por la Ley de Función Social de la Vivienda, y que a grandes rasgos implican que los ingresos mensuales son inferiores a 540 euros y que la economía familiar ha sufrido un notable menoscabo desde la firma de la hipoteca.
La entidad financiera tiene 15 días para pronunciarse sobre el mutuo acuerdo. Si no acepta, la Consejería de Fomento actuará en defensa del derecho a la vivienda de esta familia y hará efectivos los trámites para ejercer la ocupación de la vivienda. En este sentido, el departamento que dirige Elena Cortés ha remitido al juzgado una notificación informando de este acuerdo, con el objetivo de que el desahucio no se ejecutara bajo ningún concepto.
El justiprecio establecido por los peritos es de 2.166 euros por año durante tres años, el dos por ciento del precio del remate por el que la entidad se adjudicó la vivienda, 108.348 euros.
