La renta social en las viviendas públicas de Emvisesa, que implica una reducción de alquiler para familias con menos recursos, sólo podrá beneficiar por ahora a un demandante, ya que el resto de los solicitantes, alrededor de 160, se encuentran en estos momentos “en trámites burocráticos” para acreditar que pueden ver reducidos sus pagos mensuales.
Así lo ha confirmado el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, que ha confrimado que en la actualidad Emvisesa está revisando la documentación de los solicitantes para determinar si cumplen los requisitos para ser beneficiarios.
Vílchez ha asegurado que “hasta ahora tan sólo uno de los demandantes cumple con los requisitos, ya que el resto están en trámites burocráticos a la espera de presentar toda la documentación para poder recibir el informe de necesidad social”.
“Sabemos las dificultades que tienen muchas familias en estos tiempos difíciles y desde el Ayuntamiento estamos trabajando para que se superen estas dificultades y para que no se vean en esta tesitura todos los meses porque no pueden pagar sus viviendas, por lo que estamos adoptando estas medidas que ayudarán a superar esta complicada situación”, ha explicado Maximiliano Vílchez.
Inquietud de la oposición
Tanto PSOE como IU habían registrado distintas preguntas sobre el estado en el que se encontraban estas solicitudes, ya que ambos grupos habían recibido quejas de los afectados ante los retrasos que se estaban dando en las resoluciones de Emivisesa.
Así, Antonio Muñoz, desde el PSOE, ha advertido “de los grandes problemas de gestión y coordinación que se vuelven a producir en las políticas de vivienda” y que han provocado que “en dos meses sólo se haya aceptado una rebaja de alquiler en una vivienda de Emvisesa, y que haya casi más de 160 solicitudes pendientes”.
“El acuerdo aprobado por la comisión ejecutiva de Emvisesa el 3 de octubre y anunciado por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, llegó tarde, después de meses de demandas y de negarlo en repetidas ocasiones, y además era insuficiente, los requisitos dejaban a demasiadas familias con necesidades fuera y no se estableció un proceso adecuado para la atención de las demandas”, ha apostillado el socialista en un comunicado.
Muñoz ha destacado que hay decenas de casos urgentes “que no pueden pasar meses esperando una respuesta porque no haya coordinación entre Servicios Sociales y Emvisesa o porque la empresa de vivienda sea incapaz de cumplir el acuerdo” del pleno del 30 de octubre para crear una unidad específica destinada a atender a las demandas de familias que necesitan una vivienda social o que no pueden asumir las cuotas de su vivienda pública.
Las críticas a la tardanza en resolver estas solicitudes también venían del portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, quien pedía a Zoido que agilice las reducciones de alquiler “prometidas a estas familias, más aún cuando el alcalde aseguró que se pondría en marcha de manera inmediata”.
Torrijos apuntaba que “mucho tememos que nos encontremos frente a una nueva venta de humo de Zoido para ganar tiempo y seguir escurriendo el bulto ante una demanda generalizada”, ya que “según nos indican desde la Asociación Por un Alquiler Municipal Digno, la renta social que el PP proclamó a bombo y platillo a principios del pasado mes de octubre, por razones que desconocemos, no acaba de concretarse en nada”.
Una renta revisable y con muchos requisitos
Los beneficiarios de esta renta social (una medida aprobada el 8 de octubre con carácter “urgente y temporal”, revisable cada seis meses) deberán carecer totalmente de ingresos todos los miembros de la unidad familiar, ser los arrendatarios legales de la vivienda y acreditar la efectiva ocupación de la misma como domicilio habitual y permanente, que no se hayan producido denuncias constatadas y reiteradas por problemas de convivencia ni otros incumplimientos contractuales diferentes del impago de rentas o cuotas a la comunidad de arrendatarios, además de tener los suministros perfectamente contratados y contar con un informe social de la Unidad de Trabajo Social (UTS) que acredite que la unidad familiar se encuentra en situación de necesidad social.
