La asociación Isbylia, formada por los adjudicatarios de las 583 VPO inacabadas de Sevilla Este promovidas por la Fundación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), anunció ayer que continuará con su propia batalla social y judicial a pesar del “vuelco positivo” que ha experimentado el conflicto en las últimas semanas después de que la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), actual propietaria del préstamo del promotor, y la Junta hayan decidido posicionarse en el asunto.
Los afectados celebran que la Sareb haya decidido alevar a la Fiscalía el caso y solicitar el concurso de acreedores para la Fundación, aunque recordaron que llevan ya cinco años denunciando las “irregularidades” de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa y que fueron ellos mismos quienes hace meses denunciaron ante la Sareb el desvío de los 1,7 millones de fondos recabados por la fundación para la construcción.
Para la asociación resulta curioso que la subvención de 1,7 millones de la Junta, que la administración reclamará si no se entregan las viviendas, llegara justo “cuando iba a finalizar el plazo legal para la financiación de la obra” y que “no fuera publicada en el BOJA hasta dos años después de ser abonada”.
A su vez, los afectados han denunciado que los terrenos cedidos por el Ayuntamiento hispalense a la promotora para la construcción de las viviendas están valorados en 10 millones de euros, una cifra muy cercana a los cerca de 9,5 millones entregados por el colectivo a la Fundación en concepto de anticipos. Los adjudicatarios pagaron hace cinco años una media de 17.000 euros por vivienda y a pesar de que ya hay cerca de 200 vecinos que han decidido renunciar a su VPO y reclamar el anticipo ni la Fundación ni la aseguradora Millenium están atendiendo sus demandas.
Además, aseguraron que seguirán adelante con su demanda por daños y perjuicios por la que reclaman a la Fundación 1,1 millones y criticaron que ni “el Ayuntamiento ni la Junta hayan sabido dar solución a este conflicto”.
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