El exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, ha criticado la "indigencia investigadora" de la Guardia Civil, que retiene "el 90 por ciento" de la información que le fue entregada hace dos años y dos meses por la exasesora de Empleo María José Rofa.
En el recurso de apelación interpuesto contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del imputado, Fernando de Pablo, recuerda que fue el 27 de septiembre de 2011 cuando Rofa entregó al Instituto Armado cuatro documentos y dos archivadores que contienen 138 anexos con documentación.
Sin embargo, asevera que "el 90 por ciento de dicha documentación entregada" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "continúa en la UCO", por lo que se pregunta "si en esa amplia documentación pueden estar los correos" aportados en su defensa "u otros distintos a los aportados pero que favorecen la defensa", mientras que también se cuestiona "si tras dos años y dos meses sería posible acceder a medios de defensa".
De igual modo, el letrado se cuestiona "cómo una funcionaria que ya no trabaja en la Dirección General de Empleo es poseedora de tan amplia documentación", añadiendo que "parte de las imputaciones a otros coimputados se han basado en la exigua documentación que tenían los expedientes de ayudas y que algunas estaban faltas de solicitud". "Consideramos que sería legítimo pensar que esa documentación que se echa en falta en determinados expedientes pudiera encontrarse en poder" de María José Rofa, asevera.
El abogado considera, igualmente, que la imposición de la referida fianza civil "quiebra el principio de igualdad entre coimputados, en referencia a la propia Rofa y a Antonio Diz-Lois, los cuales tenían "responsabilidades superiores" a las de su cliente y, sin embargo, "a ninguno de ellos le han sido impuestas" fianzas civiles.
En esta línea, el letrado de Díaz, a quien la juez imputó tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, asegura que los mismos no se le pueden imputar, ya que "no tenía atribuciones" para dictar resoluciones, a lo que se suma su "nula relación con las decisiones de pago" en su etapa como asesor en la Consejería de Empleo.
El letrado dice, en este sentido, que Rofa "ha sido, funcionalmente hablando, la jefa" de su patrocinado y "persona de confianza" del director general de Trabajo "del momento", por lo que "era la persona que en realidad realizaba las funciones que atribuye a Ramón Díaz". "Cuanta actividad se realizada en la Dirección General de Trabajo en relación a los hechos imputables eran dirigidas y desarrolladas por María José Rofa, jefa directa" del imputado.
"CONTINUO PASEÍLLO MEDIÁTICO"
No obstante, y "en su afán exculpatorio, la referida coimputada hace entrega a la UCO de una documentación que, en unos casos es sesgada, y en otros se trata de documentos manuscritos que atribuye falsamente a mi representado", punto en el que tacha de "increíble" que la UCO "pueda dar por buenas las manifestaciones de un coimputado sin ni siquiera indubitar la contundente" declaración de Ramón Díaz "cuando manifiesta rotundamente que esa no es su letra".
"No deja de ser sorprendente que ante tan rotunda negativa, la UCO de por buena las manifestaciones" de Rofa y, "sin más investigación, traslade a la juez sus conclusiones dirigiéndolas contra" su cliente, "una indigencia investigadora" que ha obligado a Díaz a "encargar un informe pericial caligráfico" que "no solo pone de manifiesto que la letra negada por mi representado no es suya, sino algo más sorprendente: la que figura al margen del resumen dando la aprobación a los expedientes ha sido realizada" por Rofa.
El abogado critica, por último, "la profunda indefensión que está provocando la instrucción y las dificultades que provoca en el derecho a la defensa que la simple declaración de coimputados sin ahondar lo más mínimo en ellas ocasione el continuo paseíllo mediático y el posible embargo por enormes cantidades sobre asientos tan débiles".