José Manuel Casado, sindicalista incluido en el ERE de la empresa Asea Brown Bovery S.A. en Córdoba sin tener derecho al no tener la edad estipulada para ello, ha asegurado en su declaración como imputado ante la juez Mercedes Alaya que fue el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero quien le dijo que "podría incluirlo" en el ERE de esta sociedad y que ello "era legal" porque "él era el director general de Trabajo".

   Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya le ha imputado que, en su condición de apoderado de la sociedad Licassan Gestiones y Servicios S.L., "simuló operaciones comerciales" con la empresa Lógica Estratégica Empresarial S.L., "creada" por el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, "a instancias" de éste último, para abonarle un total de 89.915,59 euros en 2006.

   La juez mantiene que, de esta forma, "favorecía" a Guerrero, ya que "dicha cantidad era indiciariamente para gastos de él y de su chófer, pudiendo presuntamente corresponder este pago a una posible contraprestación a favor de Guerrero por haberle favorecido" en la formalización de la póliza del ERE de ABB "en condiciones más favorables de las que él consideraba que le debían haber correspondido, solicitándole por escrito mediante correo electrónico el abono de 166 euros más de renta mensual en virtud de la amistad entablada con él por la negociación del ERE de ABB; empresa para la que trabajaba, y ERE en el que no tenía derecho a ser incluido, como así fue, por no contar con la edad necesaria".

   La juez, que le imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación, considera que el imputado, que fue presidente del comité de empresa de ABB durante el periodo de negociación y tramitación de los ERE que afectaron a la empresa en 2002 y 2003, añade que, "pese a no constar en las listas confeccionadas donde se encontraban los trabajadores afectados" por el ERE, "sí figuró entre los beneficiarios de la póliza suscrita", llegando a recibir 283.024,51 euros, cantidad "muy superior a la media del resto de los beneficiarios, entre los que se encontraban empleados que ostentaban la misma categoría o puesto o inclusive antigüedad".

   El imputado ha comenzado su declaración negando el pago a la empresa del chófer de Guerrero, ya que "nunca trabajaron" para dicha sociedad, por lo que "no sabe porque aparece el mismo en las declaraciones tributarias" y desconoce el motivo por el que Lógica Estratégica Empresarial "tenía los datos fiscales de su empresa para emitir una factura" por el montante de 89.915 euros.

   Casado, que ha admitido que conocía que no estaba incluido en la relación de trabajadores afectados por el ERE de 2003, ha señalado que era presidente del comité de empresa y había acudido a diversas reuniones con Guerrero para los ERE de 2002 y 2003 "en las que solicitaba financiación a la Junta para poder ofrecer mayor rentas a los trabajadores", motivos por los que entiende que Guerrero, "que en ocasiones le llamaba por teléfono, pues por aquel entonces tenía una situación familiar especial", le dijo que "podía incluirlo en el ERE".

"SABÍA QUE NO DEBÍA ESTAR INCLUIDO" EN EL ERE

   Ha precisado que "sabía que no debía estar incluido" en el ERE por razón de la edad, ya que "le faltaban unos meses o un año para tener la edad necesaria", y que esto se lo dio a conocer al exdirector de Trabajo, quien le comentó que "no importaba, que lo incluía en la comisión de seguimiento, y que era legal porque él era el director general de Trabajo".

   El imputado, que ha reconocido igualmente que "remitió un correo electrónico a Guerrero donde le pedía mayor cantidad que la que ofrecía a la empresa y le solicitaba que él pudiera solucionar este extremo", ha dicho que estuvo cobrando las rentas de la Junta hasta 2010.

   La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el imputado una fianza de responsabilidad civil de 498.000 euros, cantidad que se corresponde con la póliza cobrada y el dinero facturado por la empresa de Trujillo más el tercio legal, petición a la que se han adherido las acusaciones ejercidas por Junta y Manos Limpias, mientras que el abogado defensor se ha opuesto alegando que la situación económica de su cliente "es muy precaria y supondría un adelantamiento de la condena no amparado por la Ley".

UN SEGUNDO IMPUTADO DEVUELVE EL DINERO INDEBIDAMENTE COBRADO

   También ha comparecido este viernes ante la juez Alaya Cristóbal Martínez Victoria, imputado por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencia y a quien la instructora considera un "intruso presuntamente vinculado" a Guerrero, ya que como "compromiso personal" de éste se habría beneficiado de una póliza vinculada a las empresas Cespa y FCC Medio Ambiente "pese a no haber trabajado nunca para dichas empresas".

   El imputado ha asegurado en su declaración que "no pidió ayuda" a Guerrero "ni a nadie de su ámbito", y que "tan solo recuerda" una reunión con éste y el resto de los trabajadores "cuando se estaba produciendo la prejubilación de los trabajadores de Azucareras Reunidas de Jaén", donde trabajó durante más de 30 años.

   Debido a que la renta se calculó sobre el 90 por ciento del salario, el imputado "lo único que dijo en dicha reunión es que estaba muy asfixiado con ese recorte dada sus necesidades personales, ya que tenía que pagar cuatro pensiones a sus hijos, un alquiler y una hipoteca", añadiendo que "no sabe por qué ni de qué manera le vino dicho certificado individual" de póliza.

ANTICORRUPCIÓN PIDE 5.000 EUROS DE FIANZA CIVIL

   No obstante, ha aseverado que lo que "en cualquier caso es cierto es que devolvió la cantidad percibida, que nunca supo si era legal o no cuando la Junta le requirió para el reintegro, devolviendo 32.836,03 euros, que se corresponden con los 28.601,13 euros que recibió inicialmente más los intereses de demora", para lo cual ha aportado en su comparecencia la correspondiente documentación acreditativa.

   La Fiscalía, teniendo en cuenta la cantidad ya reintegrada, ha solicitado para este segundo imputado una fianza civil de 5.000 euros, petición a la que se han adherido Junta y Manos Limpias, mientras que la defensa se ha opuesto alegando que su cliente ha reintegrado la totalidad del dinero obtenido más los intereses de demora.