La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha cuantificado en 17,7 millones de euros el importe percibido indebidamente por ayudas sociolaborales derivadas de expedientes de regulación de empleo (ERE), incluidas en la partida 31.L y que están en fase de reintegro, de los que 6,1 millones de euros se encuentran en fase de apremio, proceso que desembocará en embargo de bienes de los entes deudores, mientras que el PP critica que "no se ha recuperado ni se ha cobrado ni un euro" de esas cantidades indebidamente cobradas.

   En comparecencia parlamentaria, Montero ha asegurado que existen 103 expedientes de reintegro por ayudas sociolaborales por ERE, por importe de 17,7 millones cuantificados en concepto de percepción indebida de ayudas sociolaborales, de los que 6,1 millones de euros se encuentran en fase de apremio "y con todas las garantías de hacerse efectivo el cobro" de dicha cantidad, aunque por el momento no se han ingresado en las arcas de la Junta. "Los tiempos los marcan las normas y los reales decretos, pero seguiremos la pista hasta el último euro para que se reintegre", asevera.

   A juicio de la consejera, estos hechos "nos avergüenzan como ciudadanos y como contribuyentes y a los servidores públicos nos repugna", tras lo que deja claro que el Gobierno andaluz "ha actuado con contundencia desde que se conocieron los primeros hechos sobre presuntas irregularidades en la percepción de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis", de forma que ha insistido en que el Gobierno andaluz "trabajará para recuperar hasta el último euro".

   La consejera ha indicado que en los presupuestos de 2014 se produce "un incremento significativo por reintegro de cantidades, en previsión de las cantidades a recuperar procedentes del programa 31.L". De esta forma, la previsión en los presupuestos de 2014 de reintegros por pagos indebidos de todas las consejerías y agencias --no solo la partida 31.L-- asciende a 160 millones de euros.

   Montero, que ha recordado que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo es la competente para desarrollar los expedientes de reintegro completo de dichas ayudas, ha recordado que el trabajo de la Junta "se enmarca en una doble línea, de revisión de oficio de las ayudas a empresas con dificultades y procedimiento de reintegro de las ayudas sociolaborales a personas físicas".

   En ese sentido, ha explicado que se han finalizado 138 expedientes con resolución, de los que 124 corresponden a ayudas con empresas en crisis poseen dictamen favorable del Consejo Consultivo y procede su revisión de oficio.

   La consejera, que también ha explicado el procedimiento seguido para el reintegro de cantidades indebidamente percibidas, ha indicado que el plazo máximo para resolver esos procedimientos de reintegro es de 12 meses, un plazo que "puede suspenderse o ampliarse en función de lo que dicta la Ley de Procedimientos Administrativos".

   Montero indica que las cantidades deben ser reintegradas por los entes analizados y si no se lleva a cabo ese reintegro, se exigirá la realización del reintegro mediante el procedimiento de apremio, que se inicia mediante una notificación a la entidad deudora y que desemboca en el embargo de bienes. Ese procedimiento contempla la posibilidad de presentación de recursos.

   La consejera, que ha recordado que la recaudación de esas cantidades corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, ha asegurado que estos hechos "afectan a la democracia y nos avergüenzan  como ciudadanos y como contribuyentes y nos repugnan a los servidores públicos".

   Asevera que la Junta "ha actuado con contundencia desde que se conocieron los primeros hechos sobre esos cobros indebidos" y se ha mostrado "al servicio de la Justicia", mostrando su respeto por las sentencias que anularon un procedimiento de reintegro, además de mostrar su respeto por el Consultivo.

   Ha insistido en "el compromiso del Gobierno andaluz en colaborar para el esclarecimiento de los hechos, colaborando con la Justicia y ejecutando los actos administrativos que permitan recuperar el dinero percibido indebidamente". "Tenemos tolerancia cero hacia la corrupción y llevaremos a los tribunales a los responsables del uso fraudulento de los fondos públicos; el Gobierno andaluz quiere recuperar hasta el último euro que de forma indebida haya salido de las arcas públicas", asevera Montero.

   Por ello, la consejera insiste en "respetar las decisiones judiciales, pedir que se acelere la instrucción judicial, que se aclare la verdad, que se condene a los culpables y se recupere hasta el último euro defraudado".

   Montero ha rechazado las acusaciones "inciertas y muy serias" efectuadas por el PP, y considera que "los ERE son el único motivo de la oposición en estos momentos", tras lo que critica que el PP "tiene dos varas de medir, y hay oposiciones con un tema monográfico y monocolor y a otras le interesa la vida cotidiana".

   "Estas cuestiones son la vergüenza de todos nosotros, vengan de donde vengan, y tendremos tolerancia cero, pues no podemos tener diferentes varas de medir", asevera Montero.

ESCEPTICISMO DEL PP

   Por su parte, el diputado del PP Rafael Carmona, quien ha recordado que "en el presupuesto de 2014 como en todos los presupuestos se incluye el concepto de reintegro por operaciones corrientes", lamenta que la Junta "no haya dado ningún dato de cuánto ha recuperado ya", lo que, a su juicio, denota que "no se ha recuperado ni un euro".

   "En qué ejercicio presupuestario se va a notar ese reintegro", se pregunta Carmona, quien ha indicado que la Junta apuntó que "solo con las ayudas a empresas en crisis se habían abierto 189 procedimientos de oficio".

   Carmona, quien ha pedido que "reclamen el dinero a las tomadoras de seguros, ha recordado las sentencias judiciales, donde "ya la han tirado de las orejas".

   "Parece que la Junta no quiere recuperar el dinero, cuando debe empezar a exigir el dinero de forma adecuada", ha aseverado Carmona, quien ha instado a Montero a que "diga que no hay nada cobrado de ese robo de dinero público".

   Para Carmona, a la Junta "le da igual cobrar o no, pues se trata de su gente, y ustedes no van a ir contra su gente". "No dan datos, denunciaron ante la Fiscalía y no ante el juez, seleccionando determinadas zonas para usarlas como chivos expiatorios, pero la realidad es que no se va a recuperar el dinero, a tenor de lo que dicen el Consultivo y los tribunales de Justicia".

   Considera que la Junta "ha iniciado actuaciones supuestas para aparentar que se va a resolver, pero no se va a resolver, pues el Gobierno andaluz no está interesado en absoluto en recuperar el dinero defraudado en los últimos años".