El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará este jueves el proyecto de ley orgánica de Control de la Deuda Comercial, que pretende erradicar la morosidad de las administraciones públicas y que incluye medidas coercitivas y punitivas para aquéllas que excedan de los 30 días máximos que prevé la normativa comunitaria para pagar las facturas.
La norma, que la semana pasada recibió el visto bueno de la Comisión parlamentaria de Hacienda, vuelve al Pleno por tratarse de una ley orgánica y, una vez aprobadas las enmiendas parciales que se han incorporado durante su tramitación, será enviada para su debate al Senado, donde podría incluirse algún cambio derivado de las propuestas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) sobre el destino del superávit presupuestario de los ayuntamientos, según reconocieron fuentes 'populares'.
Así, este jueves los diputados debatirán el dictamen de la Comisión, que contó con el apoyo de PP y UPyD y el rechazo del resto de la oposición, tras haber incorporado una decena de enmiendas del PP y sólo una transaccional de entre las 83 propuestas de la oposición, que quedan vivas para volver a ser tratadas y votadas por el Pleno.
PERIODO MEDIO DE PAGO
La normativa obligará a todas las administraciones a publicar su periodo medio de pago (PMP) a los proveedores para que los ciudadanos puedan saber cuáles satisfacen sus deudas en el plazo previsto y cuáles son morosas. Tras la incorporación de las enmiendas, se permitirá que las comunidades autónomas colaboren a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la definición del método de cálculo del PMP.
Además, se crea un mecanismo coercitivo automático ante los incumplimientos de estos compromisos a través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso el pago directo de la factura por el Estado, que luego detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el sistema de financiación.
Según el Ministerio de Hacienda, con esta normativa y otras ya aprobadas como la de factura electrónica se conseguirá más transparencia, ya que aflorarán todas las facturas, y se evitará que vuelvan a acumularse retrasos en el pago a los proveedores, que luego se propagan por todo el tejido productivo, causando cierres y despidos de trabajadores.
En este sentido, a través de las enmiendas también se prevé que las administraciones que no están obligadas a someterse a auditorías deban efectuar anualmente trabajos de control para "verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria".
Además, incumplimiento de obligaciones financieras por parte de las administraciones públicas que provoque no sólo el incumplimiento de los compromisos de España con Bruselas, sino cualquiera contenido en tratados o convenios internacional, conllevará el reparto de ese coste entre los responsables. Lo mismo sucederá si el incumplimiento provoca una condena a España por parte de tribunales internacionales u órganos arbitrales.
OTROS CAMBIOS
No obstante, con sus enmiendas el PP también ha modificado otros asuntos que nada tienen que ver con el proyecto de ley. Entre otras cosas, se incluyen nuevas exenciones fiscales para los organizadores y participantes del Campeonato del Mundo de Vela Olímpica Santander 2014, y se extiende el régimen de franquicia de derechos de importación para determinadas operaciones de avituallamiento de buques y aeronaves que están exentas del para el IVA y los Impuestos Especiales, a las mismas actividades exentas del Impuesto General Indirecto Canario.
Además, se permite que Ceuta y Melilla puedan tener su propio cuerpo de agentes ordenación, señalización y dirección del tráfico en el caso urbano, en condiciones similares a las que ya tienen los municipios de gran población; se crean nuevas bonificaciones fiscales a las inversiones que realicen los operadores privados en los Puertos del Estado, y se plantea la modificación de la Ley de Transparencia (actualmente en tramitación en el Senado) para reforzar las reglas especiales sobre el destino de los superávit presupuestarios.
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