Amplían diligencias por prevaricación en Huércal-Overa e imputan a 6 ediles

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huércal-Overa (Almería) ha ampliado a instancias de la Fiscalía las diligencias incoadas en 2007 por presunto tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, en las que figuran como imputados el alcalde, el socialista Luis García Collado, y cinco concejales.

En total, este procedimiento suma ya 23 imputados, entre ellos técnicos municipales y empresarios, además de los seis miembros del equipo de gobierno de esta localidad de alrededor de 16.000 habitantes, según informaron ayer a Efe fuentes judiciales.

Los políticos imputados podrían estar implicados, tal y como trata de esclarecer esta investigación, en una trama de recalificación de suelo de rústico a urbanizable, previa compra de terrenos a empresas afines a cambio de comisiones millonarias.

Inciden estas diligencias, abiertas al detectarse indicios de delitos en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en supuestas modificaciones del planeamiento efectuadas al margen del interés general.

Por esta ampliación de diligencias, que ha supuesto la práctica de nuevas pruebas, han tenido que prestar declaración ante el juzgado instructor los principales imputados en el proceso, entre ellos el regidor y los cinco miembros del equipo de Gobierno, entre los que se encontrarían entre otros los concejales de Hacienda, de Urbanismo y de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

También se ha tomado testimonio a alguno de los empresarios que podrían estar implicados en la trama, entre los que se encuentra Tomás Zurano, arrestado en abril de 2008 en el curso de la operación Costurero, emprendida en Zurgena (Almería) al detectarse irregularidades en la concesión en pleno de licencias para 85 viviendas.

Zurano quedó entonces en libertad con cargos por cohecho, contra la ordenación del territorio y desobediencia tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Huécal-Overa.

El alcalde de Huércal-Overa, Luis García Collado, declaró el 16 de noviembre de 2007 dentro de estas diligencias que ahora se amplían y defendió ante el juez instructor tanto su inocencia como el trabajo desempeñado en la tramitación del PGOU que, según dijo entonces, se tramitó en todo momento de manera "conforme a la ley".

García Collado achacó la incoación de estas diligencias a una campaña orquestada por el PP huercalense puesto que fue una denuncia de su portavoz, Diego Ortega, quien ejerce la acusación particular en este caso, la que motivó el inicio de esta investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial.