¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué voy a hacer? Son las dos preguntas que se hacía ayer Manuel Ortega, un vecino de la capital que tiene 86 años y que asegura que lleva dos noches sin dormir. Manuel vive con su esposa Dulcenombre Cabrera, de 81 años, enferma de alzheimer y con su hijo, Manuel Ortega Cabrera, de 43 años, con síndrome de Down. Sin la ayuda a domicilio que recibe cada día y a su edad se siente condenado. Cada mañana una trabajadora de la empresa Multiservicios Jabalcuz, que presta el servicio de la Dependencia, acude a su casa para vestir, asear y acompañar a su esposa al autobús a un centro especializado para su enfermedad. De la misma manera, otra trabajadora recoge a su hijo al medio día y lo acompaña a su casa y ayuda a su padre a asearlo. Sin esa ayuda Manuel Ortega asegura que no podría atender a su esposa y su hijo y por ese motivo hoy buscaba respuestas, quería saber qué iba a pasar con su familia a partir del 3 de diciembre, una vez que el Ayuntamiento de Jaén, hiciera efectivo, tal y como anunció el martes el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, que el Consistorio no se haría cargo de prestar el servicio a través de la Empresa Multiservicios Jabalcuz, que es quien tiene la concesión.
Sin embargo, ni Manuel Ortega ni los otros 438 vecinos de Jaén que se benefician de la ayuda a domicilio tuvieron ayer respuesta de la Junta de Andalucía, que no quiso hacer declaraciones y volvió a remitirse a las palabras del portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien recordó que este año se habían pagado 600.000 euros y que en los próximos días se haría otro pago de 800.000 euros.
Mientras tanto, las 200 empleadas de la empresa Multiservicios Jabalcuz se hacían la misma pregunta: ¿qué va a pasar con sus trabajos? La portavoz del comité de empresa, María del Carmen García, explicaba que algunas de sus compañeras habían tenido que acudir en busca de ayuda médica por ataques de ansiedad. “La mayoría están contratadas a media jornada y su pequeño sueldo es el único que entra en su casa”, añadía. Ni siquiera la noticia de que Multiservicios Jabalcuz, a pesar de no haber recibido un solo euro más del Ayuntamiento de Jaén, les pagaría en los próximos días la nómina de septiembre gracias a otro cobro realizado por el empresario, las sacaba del desconsuelo. Ayer pensaban sólo en su futuro y en las familias dependientes, con las que la mayoría han tejido lazos afectivos en este tiempo. De otro lado, la Junta de Andalucía no decía esta boca es mía y el Ayuntamiento, a través de su concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, se despachaba con un sensible comunicado en el que creía ver a la Junta “muy nerviosa” tras la renuncia del alcalde a seguir prestando el servicio.
Quien debe a quién y cuánto
Las cuentas claras. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, aseguró el martes, tras hacer pública la renuncia al servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia, que lo hacía porque la Junta de Andalucía le debía dos millones de euros. Sin embargo, la cifra que debe la Consejería de Igualdad al Ayuntamiento es de 970.000 euros, según las fuentes consultadas por este periódico. No obstante, el Ayuntamiento de Jaén le debe a la empresa Multiservicios Jabalcuz, 2’6 millones de euros, cifra confirmada por VIVA JAÉN con la propia empresa, de un servicio que cuesta al año tres millones. Por tanto, si la Junta de Andalucía le debe al Ayuntamiento de Jaén 970.000 euros y no dos millones y el Consistorio le debe a Multiservicios Jabalcuz 2’6 millones, 1’6 millones se han quedado por el camino, es decir, tras pagarlos la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, este no los transfirió a la empresa adjudicataria del servicio, tal y como ha denunciado UGT en más de una ocasión, que el Ayuntamiento se estaba gastando el dinero de la Dependencia y la ayuda a domicilio “en otros menesteres”. Hasta el momento, ni Fernández de Moya ni nadie de su equipo de gobierno han desmentido esa acusación, la misma que hacían el Grupo Popular al anterior gobierno socialista, cuando denunciaban que se gastaban el dinero destinado a pobres familias enfermas en otras cosas. Aún ayer, sin explicar dónde están esos 1’6 millones de euros, acusaban a la oposición y a UGT de alojarse en hoteles de cinco estrechas y gastar el dinero en comidas.
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