La Junta de Andalucía ha firmado un convenio con 15 ayuntamientos de la provincia gaditana y la Diputación para destinar una partida de 817.501 euros a ayudas familiares, de los cuales 187.778 euros son una prórroga de los convenios que ya existían con los ayuntamientos y el resto, un total de 629.742 euros, una ampliación de esta ayuda que está prevista en el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía.
López Gil ha señalado, en rueda de prensa, que supone "un aumento del 350 por ciento", destacando que la firma de este convenio obedece a la "apuesta" de la Junta "por lo social y por preservar el Estado del Bienestar".
"Somos una administración que gobierna pensando en las personas y que las pone por delante de otros intereses", ha manifestado López Gil, que ha puesto de relieve que en las acciones que lleva a cabo la Administración regional, y en los presupuestos que han dado a conocer estos días, "demostramos que hay otra forma de hacer las cosas, una forma de actuar para salir de la crisis que no deje en la cuneta a las personas".
Al hilo, ha recordado que en las cuentas de la Junta del año que viene para la provincia destinarán "nada menos que 174 millones para poner en marcha acciones de cobertura social".
Ha destacado "la buena noticia" que les han transmitido este viernes a las corporaciones locales, las que gestionan el reparto de estas ayudas económicas familiares que "tratan de solventar adecuadamente la crianza y alimentación de los hijos", es que va a haber una ampliación del presupuesto para este concepto. Así, ha detallado que la nueva partida que se va a destinar a esta ayuda en la provincia es de 817.501 euros.
Al hilo, ha recordado que en el año 2012 "solo se repartieron 187.778 euros", mientras los beneficiarios fueron 973 familias y 1.853 menores; así que según López Gil, con este "aumento" de la partida destinada a estas ayudas en 2013 "podremos llegar mucho más lejos en la cobertura de los que peor lo están pasando en la actual coyuntura".
"En este caso, como ya ha ocurrido con otras de nuestras medidas de cobertura frente a la crisis, se está haciendo un enorme esfuerzo desde el gobierno andaluz para llegar a mucho más hogares", ha dicho. Ocurre lo mismo --añade-- en el caso del salario social, ya que en 2012 se repartieron 7,3 que este año "han subido hasta los 18 millones, y que en 2014 aún crecerán más, un 30 por ciento, hasta los 23 millones".
Por su parte, el director general de Personas Mayores, Infancia y Familias, Ángel Acuña, ha destacado también el "gran esfuerzo" realizado por la Junta de Andalucía "no solo por mantener, sino por ampliar estas ayudas muy importantes para muchas familias".
Ha señalado que estas ayudas económicas familiares están diseñadas "como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello".
Acuña ha explicado que la cantidad mínima que llega a estas familias es "de 266 euros al mes", una cantidad que va aumentando sobre todo en función del número de hijos en la unidad familiar. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.
El objetivo de estas ayudas, ha apuntado, es "prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para niños, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias".
De acuerdo con su propia naturaleza, estas ayudas económicas familiares, según Acuña, constituyen un recurso para situaciones coyunturales de necesidad y, por tanto, "deben ser complementarias de los medios destinados a satisfacer las necesidades relacionadas con el acceso a los recursos sociales, con la convivencia personal y familiar, así como las relacionadas con la integración social".
La población que puede ser beneficiaria la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado.
Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.
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