La Audiencia Provincial de Sevilla delibera este miércoles sobre el recurso interpuesto por el gabinete jurídico de la Junta contra el auto en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares imputó a 20 cargos y exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

   En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial ha fijado este miércoles para deliberar sobre el recurso presentado por el gabinete jurídico de la Administración autonómica, personada como acusación en este procedimiento, contra el auto en el que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputó a estas 20 personas.

   Esta deliberación se producirá después de que la propia Sección Séptima dictara el pasado viernes una resolución en la que anulaba parcialmente el auto en lo referente únicamente a la figura de la exconsejera y pedía a la instructora que dicte una nueva resolución en la que "concrete" y "precise" los hechos que le atribuye.

   El abogado de Magdalena Álvarez recurrió el auto donde la juez imputaba a su patrocinada, junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, y solicitó la nulidad de éste "por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados" y "falta de concreción", pidiendo de manera subsidiaria que se revocara dicha resolución judicial y se devolviera al Juzgado para que "se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo".

   Pues bien, la Sala estimó el referido recurso al considerar que "una resolución de la naturaleza de la analizada debe contener una exposición cuando menos concreta y precisa de los nuevos hechos punibles cuya comisión se atribuye a la persona traída al proceso como imputado", todo ello "sin perjuicio de la necesaria fijación de detalles a realizar en el acto judicial de imputación", como es la declaración judicial.

   El tribunal, basándose para ello en jurisprudencia del Tribunal Supremo, subraya que un auto como el dictado por Alaya, "al menos, debe contener una mínima relación fáctica cuya lectura permita colegir la descripción del hecho o hechos punibles de que pueda tratarse, al modo que cabe esperar de toda denuncia o querella, a la que expresamente se refiere el artículo 118 de nuestra ley procesal penal", pues "sólo así podría cumplirse la finalidad garantizadora del derecho de defensa para la que ese artículo está pensado".

   Además, considera que "convendría que esa descripción fáctica fuera acompañada de la referencia de la figura delictiva supuestamente cometida por la persona traída de esa forma al proceso, más aún en casos como el presente, de especial complejidad por los múltiples hechos y sujetos investigados y la variedad de delitos que han venido siendo objeto de imputación", pues con todo ello, abunda, "se reforzaría el derecho de defensa y permitiría salir al paso de una posible prescripción al gozar de entidad interruptora de la misma".

   "No ocurre así en este auto", resume la Sala, ya que la juez "parece aludir simultáneamente a los dos títulos de imputación posibles: la responsabilidad por omisión en los hechos cometidos por otros y la ideación del sistema, incluida la reforma legal, para dar cobertura a un plan de desvío continuado de fondos".

   Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción ya se opuso tanto al recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda como al presentado por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, que alegó infracción del principio de legalidad así como que el auto carecía de motivación.   

   En el auto, la juez imputó a Magdalena Álvarez y otros 19 cargos y exaltos cargos, entre ellos a Antonio Vicente Lozano, que en ese momento ocupaba el cargo de viceconsejero de Presidencia y que entre 2002 y 2009 había sido director general de Presupuestos, y al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez.     

   Asimismo, imputó a los exviceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, y de Empleo, Justo Mañas, así como al actual director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, y a sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.     

   También imputó al exsecretario general técnico de las consejerías de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García, quien también fue posteriormente director de Administración y Finanzas de IDEA; y a los también exsecretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, así como al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa.

   Por último, fueron imputados el exdirector general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; el exinterventor delegado en Empleo, Juan Luque; los exdirectores generales del IFA Antonio Lara y Francisco Mencía, y los exdirectores generales de Finanzas del propio IFA Pablo Millán y Juan Vela.