Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que en la futura Ley de Transparencia de Andalucía el Gobierno andaluz incluya sanciones de hasta 3.000 euros para aquellos cargos públicos, autoridades, directivos y miembros de órganos colegiados de cualquier administración pública, organismo o entidad de la Junta que, bien den instrucciones al personal subordinado en sentido contrario al estipulado en esta normativa, o bien no dispongan o habiliten los medios necesarios para hacerla cumplir.

   Así lo reclama en las enmiendas que ha elaborado al texto del Gobierno andaluz, al que ha tenido acceso Europa Press, y que registrará en breve en el Parlamento autonómico después de haberlas entregado ya en la Consejería de Presidencia.

   La formación magenta exige así la inclusión de un "régimen sancionador" que haga "efectiva" la Ley de Transparencia, ya que, de lo contrario, se "garantiza la impunidad ante la no observancia de los preceptos de la norma y, con ella, la seguridad de que no se producirá una implantación real de la misma". Es decir, que sólo con sanciones e infracciones para "los responsables de cumplir y de hacer cumplir esta ley", a juicio se UPyD, se podrá asegurar la eficacia de la transparencia en la comunidad.

   Las multas que proponen oscilan desde los 300 euros para las infracciones leves (la no justificación de la inadmisión de acceso a información pública, la no actualización de la información pública trimestralmente, la no notificación de la ampliación del plazo de respuesta en 20 días y demoras en la información solicitada superiores a los 40 días e inferiores a 90) y los 3.000 de las graves.

   En este capítulo, UPyD pretende que se incluyan la inadmisión de acceso a información pública de cualquier tipología establecida en el marco de la presente Ley sin justificación, la entrega de información falsa o incorrecta y las demoras en la entrega de la información solicitada superiores a los 90 días.

   A su juicio, la imposición de estas multas debería corresponder a la Administración competente y, en caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias se tendrían que exigir con carácter solidario. Además, propone que si el órgano competente en el control, supervisión e imposición de este régimen sancionador y disciplinario no inicia un expediente contra el infractor "sin motivación expresa", pueda incurrir igualmente en irresponsabilidad y sanción. Estas infracciones tendrán un plazo de prescripción de dos años para las graves y de seis meses para las leves.

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   De otro lado, UPyD reclama que se "fortalezcan algunos aspectos débiles o imprecisos" de la Ley con el objetivo de "mejorar el texto y salvaguardar con el máximo celo el espíritu" de transparencia de la normativa. Para ello, propone la "inclusión expresa de información de los nombramientos de asesores, personal de confianza, personal eventual y  puestos de libre designación", así como de "las retribuciones recibidas por cargos públicos" (sean dinerarias o no) y "sedes, inmuebles y propiedades adscritas a la Administración y sus entes vinculados, tanto en régimen de alquiler como de propiedad".

   En esta misma línea, pide que se incluyan los contratos menores "en el régimen general de transparencia previsto para el conjunto de contratos" porque no hay ninguna razón, "más bien todo lo contrario, para hacer más laxo el procedimiento en aquellos tipos de contratos en los que resulta más necesaria la transparencia".

   Para evitar la "asimilación" entre la Administración General de la Junta y las agencias, entes instrumentales, fundaciones y otras entidades de derecho público o privado, UPyD exige que se eliminen de todo el texto normativo las "referencias a la consideración nominal como administraciones públicas andaluzas", ya que entiende esta formación que puede contribuir de forma "interesada" a que se equiparen y es "necesario distinguir perfectamente ambos ámbitos".

   Por último, pide que se suprima la figura de la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía porque las funciones que se le atribuyen pueden ser asumidas por la Inspección General de la Junta.