El Partido Popular andaluz exigirá este jueves a la Junta de Andalucía que pague "de manera urgente" las cantidades que adeuda a los ayuntamientos y diputaciones andaluces y que, según los cálculos del PP-A, suman más de 400 millones de euros, de los cuales, tal y como han puesto de manifiesto distintos dirigentes en diferentes ocasiones, 129 corresponden sólo a los consistorios de las capitales de provincia y más de 90 a las diputaciones.
Lo hará en el Pleno del Parlamento autonómico a través de una moción en la que también le pedirá al Gobierno andaluz que, para evitar "nuevos retrasos e incumplimientos con respecto a las obligaciones existentes con las corporaciones locales y a fin de evitar la asfixia financiera de las mismas", establezca un calendario de pagos "cierto y riguroso".
Además, reclamará la ejecución "íntegra" del Plan de Cooperación Municipal de 2013 y, en especial, el pago "urgente" de las deudas pendientes a cuenta de las transferencias del SAE a las corporaciones locales; las relativas a escuelas infantiles, centros de primaria y secundaria; las destinadas a la formación profesional para el empleo y también las fijadas para el cumplimiento de la Ley de Dependencia, ya que ninguna de ellas se ha acometido todavía.
El PP-A pretende de esta manera que el Parlamento de Andalucía inste igualmente al Consejo de Gobierno de la Junta a incluir en su Presupuesto para 2014 los "600 millones de euros para la Patrica en cumplimiento de la ley que la rige", a recuperar de la práctica de conceder anticipos de tesorería para las corporaciones locales con dificultades como se hacía habitualmente "hasta el primer trimestre de 2012" y a aprobar, también con carácter de "urgencia", de un fondo de liquidez municipal.
Otras de las medidas que los 'populares' andaluces quieren poner en marcha en la comunidad es que no se retenga a los ayuntamientos andaluces "las cantidades correspondientes a su participación en los ingresos del Estado", que se reclamen "responsabilidades civiles y penales a los responsables políticos que desviaron o no justificaron" subvenciones concedidas que no han sido gastadas o justificadas debidamente, que se actualice la Ley de Autonomía Local en el marco de la reforma local del Gobierno y, finalmente, que se ponga en funcionamiento, "en cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, todas aquellas medidas que desde el Gobierno central se adopten en el actual escenario económico y que afecten de manera directa a la administración local".
