La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2.142.722 euros al exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz.
Ramón Díaz compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado viernes y se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la magistrada le imputara tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, tal y como ya informado a Europa Press fuentes del caso.
Tras ello, se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le impusiera una fianza civil de dos millones.
Pues bien, la juez Alaya ha dictado un auto en el que fija la fianza de responsabilidad civil en 2.142.722 euros por su participación en relación a las ayudas a Calderinox y SAT Virgen del Espino.
En el auto donde imputó al exparlamentario, la instructora le atribuyó una "activa participación" en la inclusión de dos intrusos en el expediente de Calderinox --Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández--, así como su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, "cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago".
De los 2,1 millones de euros de fianza civil impuestos, 700.000 euros son fijados por su "contribución personal" a la negociación de una serie de expedientes, como los de la Faja Pirítica de Huelva, Saldauto o Primayor.
EL IMPUTADO DEFIENDE SU INOCENCIA
Tras la comparecencia del pasado viernes, el abogado del imputado entregó a los periodistas un comunicado de prensa en el que defiende su "absoluta inocencia" en el caso, añadiendo que "existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación" en los hechos relacionados con este procedimiento.
A su juicio, "así lo especifica el informe enviado a la juez Alaya por la Junta de Andalucía, a requerimiento de la Fiscalía, en el que se dice que no tenía ninguna capacidad de decisión, por lo tanto ni podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba".
"Su alejamiento de la partida 31.L --más conocida como 'fondo de reptiles'-- está acreditado a lo largo del sumario y continuará demostrándolo en los momentos procesales oportunos", concluye el comunicado.
