Me gustaría utilizar esta tribuna en la que semanalmente voy trasladando mis reflexiones y opiniones personales sobre muy diversos problemas, para romper una lanza y cuanto haga falta a favor de la profesión de los Procuradores de los Tribunales, a los que este Gobierno, si bien no suprime, hace blanco de su hipocresía -habitual en muchas ocasiones por desgracia para quienes esperábamos mucho más- para darles un hachazo que puede ser de muerte. Una vez más estamos ante esas decisiones tomadas desde una atalaya política por sesudos asesores de edificios ministeriales que nada tienen que ver con lo que sucede a pie de calle, con lo que puede suponer de zozobra y ruina para muchos profesionales magníficos que han desarrollado su actividad en el marco de una ley que les ha impulsado para que dedicaran todo su esfuerzo a esa actividad y que de pronto pueden ver cómo su amparo legal se reduce al mínimo sin que exista para ello justificación alguna.
Aunque se quiera disfrazar tal medida en la reducción de costos o en la liberalización de servicios, esto es sencillamente absurdo. Y lo digo desde mi posición de abogado, que se presenta por el Ministerio como favorecida por esa compatibilidad que se predica de ambas profesiones. En mi opinión, es una simple bajada de pantalones ante la presión de lobbys europeos de mi profesión que quieren que desaparezcan diversas actividades o servicios so pretexto de que con ello se abaratan y liberalizan servicios, para coparlos ellos y ser al final mucho más caros que los profesionales de verdad. Es un fruto más de una modernidad mal entendida cuando lo que deben haceres respetar muchas de las cosas que funcionan y por el contrario invertir de verdad en que puedan funcionar mejor. Son más medidas que al final lo que harán será crear una cortapisa más en que de verdad el ciudadano reciba la Justicia que se merece en este querido país llamado España.
Se trata de un figura con antecedentes en los cognitor o procurator del Derecho romano y sobre todo en el personero de la Edad Media y que cumple una función de agilidad y servicio para que la Justicia pueda desarrollarse. Una medida como ésa no puede ser más contraria a los principios de agilidad y eficacia que se pretenden de la Justicia y más demagógica en búsqueda de un supuesto abaratamiento que en absoluto va a producirse realmente. Si al final el abogado tiene que hacer servicios de otras profesiones, cuando cobra más y es más caro, podrá ser que algunos se coman a otros profesionales, pero cuando se quiera elegir a un abogado porque se confíe en él, éste acabará teniendo que cobrar mucho más y el ciudadano pagar más caro y se habrá dado un golpe más al derecho de libre elección y libre acceso a la Justicia y en definitiva a la tutela efectiva real.
La funciones que ejercen en la actualidad no son sino una garantía y una representación que sirve a la Justicia y a todos los que debemos velar por ella, e ir contra ellos no es sino una demagogia barata y absurda que acabará redundando una vez más en un enorme deterioro de esa Administración que cada vez hunden más en lugar de mejorarla. Con las cosas que se pueden hacer para que sea mejor y sólo se les ocurren tonterías como ésa que encima arruinan sin remedio a profesionales como la copa de un pino!
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
