El secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, informa de que desde el sindicato se estudia tomar acciones judiciales por las detenciones de los sindicalistas en la semana pasada, entre ellos la del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, dentro del caso sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, de modo que “una de las posibilidades es analizar si hubo algún exceso en cuanto a los derechos mermados de los compañeros retenidos la semana pasada”.
En este sentido, “si así lo ven los servicios jurídicos” de UGT y “se entiende que es de procedimiento, así se hará”, ha asegurado el líder de UGT-A en una rueda de prensa en Córdoba, acompañado por la secretaria general de UGT en la provincia cordobesa, Isabel Araque.
Al respecto, comenta que “si hay alguna irregularidad ya se verá”, pero entiende que Salvador Mera “no hizo nada irregular”, según Francisco Fernández, quien asevera que no le ha pedido que dimita a Mera y que analizará la situación la dirección provincial de UGT.
Entretanto, detalla que UGT está personada en la causa de los ERE como acusación popular “para que si ha habido cualquier tipo de irregularidad en el término que sea legalmente poder actuar”, aunque “todo está en fase de instrucción”, algo que califica de “lamentable” porque haya pasado ya “demasiado tiempo”, y, en su opinión, “sería deseable que cuanto antes acabase y que el juicio público que existe se haga realmente por el juzgado que administra la justicia”.
De este modo, defiende que “sería deseable que el procedimiento de la instrucción concluya y los que tengan que ser puestos a disposición de la justicia sean puestos y juzgados”. En este punto, se muestra “convencido de que Salvador Mera no tenga que ser sancionado por este hecho de un trabajo sindical que han hecho tantos y tantos compañeros en defensa de los intereses de los trabajadores”. Y es que, agrega, “Salvador Mera por lo que conocemos hizo un trabajo como sindicalista de cuando hay una empresa en crisis e intenta con el apoyo de los trabajadores buscar soluciones”.
El sindicato sostiene que en la zona de la faja pirítica de Huelva “desaparecieron todas las empresas de la minería, hubo un acuerdo generalizado de todos los municipios, con distintos grupos políticos, hubo un acuerdo en el Parlamento de Andalucía, con el Gobierno de la Nación del PP, con la Junta”, y por tanto cree que “todo lo que se trabajó, incluida la parte sindical para buscar solución a la problemática, se solucionó favorablemente para los intereses de los trabajadores”.
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