El vicepresidente de ATA-A, Rafael Amor, indicó a Europa Press la importancia del establecimiento de tramos fijos de 3.000 euros para gastos de constitución y primer establecimiento y un plus adicional sobre la base incentivable, que podrá alcanzar hasta un máximo de 14.000 euros en la modalidad de creación y de 10.000 en la de consolidación y modernización.
Sin embargo, subrayó que estas medidas tendrían que complementarse con otras dirigidas directamente al empleo con el objetivo de fomentar la creación de puestos de trabajo y la constitución de empresas ante la pérdida de hasta 4.367 autónomos en febrero. Entre estas medidas incluyó los incentivos a la contratación, "teniendo en cuenta que el 20 por ciento de los trabajadores autónomos ha manifestado que harían contrataciones si esto fuera apoyado", añadió.
Amor, que apostó por "todas aquellas iniciativas que supongan el fomento del empleo", afirmó que la nueva Orden establece un "abanico bastante amplio" para solicitar los incentivos sin exclusiones por razón de edad o sexo y valoró el "cumplimiento" de los compromisos adquiridos como la agilización de los trámites, estableciendo un periodo de resolución de dos meses como máximo.
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el presidente de UPTA-A, Isidoro Romero, valoró la realización de modificaciones en el documento inicial en línea con las peticiones realizadas por los colectivos de trabajadores autónomos y apostó por apoyar "intensamente" a los sectores tradicionales, además de favorecer el desarrollo de las nuevas áreas de negocio.
Asimismo, insistió en la necesidad de ayudar a los nuevos emprendedores que "desean comenzar su actividad al término de su formación, aunque carezcan de experiencia previa". Romero explicó que existen requisitos, como contar con dos años de desempleo o haber sido despedido que "los jóvenes que salían de los centros de formación no podían cumplir a pesar de necesitar también un apoyo público para comenzar a crear sus propios negocios".
Por el momento, los trabajadores autónomos se encuentran a la espera de reunirse con la Consejería de Innovación para que les informe sobre dicho plan y sobre los detalles finalmente incluidos. El colectivo de autónomos supera en Andalucía las 340.000 personas, el 16 por ciento del total nacional, y representa más del 57 por ciento de las unidades económicas de producción de la comunidad.
Expedientes de regulación de empleo
Por otro lado, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, exigió ayer a la Junta que no apruebe ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por empresas que hayan tenido beneficios en los dos últimos años o esté contratando a eventuales como en el caso de Valeo en Martos (Jaén).
Valderas cree, según manifestó en Jaén, que no se puede aceptar ningún ERE de estas empresas "en un momento en el que se pide a todo el mundo que arrime el hombro", y considera que lo que intentan es "reestructurar y redimensionar sus plantillas".
El dirigente de la coalición de izquierdas se mostró preocupado por el aumento que se ha producido en el número de ERE en Andalucía durante 2008 que ha sido de un 42 por ciento más que el año anterior y afecta a 6.000 trabajadores.
En este sentido, Valderas considera que 2008 ha sido "el más negro de la política andaluza" como consecuencia del "fracaso" del "modelo económico y de la segunda modernización de Andalucía de Manuel Chaves" que ha hecho que esta comunidad sea una de las regiones europeas con más nivel de riesgo de pobreza.
Por ello, pidió al Gobierno andaluz que ponga en marcha un plan social de formación y recolocación de las personas afectadas por ERE en el que 75 por ciento lo aporte la Junta de Andalucía y el 25 por ciento restante la empresa.
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