La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha notificado la prescripción del delito de prevaricación a los seis empresarios, entre ellos los dos hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez, acusados en la rama de la venta irregular de los suelos de Mercasevilla, aunque mantiene la causa contra Fernando Mellet, que también había solicitado su sobreseimiento. Alaya señala en sus razonamientos jurídicos al Ministerio Fiscal como posible causante de este error en el procedimiento.
En un auto judicial fechado el pasado 8 de octubre, la jueza declara "extinguido la responsabilidad criminal" de Eugenio Sánchez Ramade, Bárbara Gutiérrez Maturana, Ignacio Bayón Marine, Antonio Vicente Sánchez Carrascosa y los dos hermanos de la ministra de Empleo, Juan Nicolás y Eduardo Báñez García.
A pesar de seguir las advertencias de la Fiscalía ante la prescripción de estos delitos, la magistrada recuerda que fue el Ministerio Fiscal, el 3 de abril de 2013, "quien solicitó que se citaran en calidad de imputados" a los representantes legales de Realia Bussines, Prasa, Sociedad Azucarera Larios, Edamar y Construcciones Juan Robles, que fueron quienes concurrieron al concurso público de Mercasevilla con la "presunta aviesa intención junto a ésta y Sanma de fijar artificalmente un precio favorable a ésta última" para que se le adjudicase el concurso.
El auto va más allá en sus críticas al Ministerio Fiscal y le recuerda que es él el que "a instancias de uno de los implicados" -Antonio Sánchez Ramade- el mismo que solicita la prescripción de los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, considerando que no será "predicable el tipo de la prevaricación por extraneus, que comparte esta instructora".
En este punto, la jueza apunta que "ha debido tratarse de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal (pues tales ilícitos estaban prescitos desde el inicio de las actuaciones), justificado seguramente por la asistencia por su parte a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias".
Así, la magistrada le achaca a esta "cierto retraso en la tramitación de las presentes actuaciones", ya que considera que la petición de declarar como imputados de los empresarios en abril pasado "fue un esfuerzo inútil", ya que hubo que llamarlos a declarar ya que la Fiscalía consideraba que compartían también "el tipo de prevaricación en su condición de extraneus al igual que con Sanma", perspectiva "de la que ahora se aparta".
Y sigue la magistrada: "ha provocado también un incidente que no es del agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta. encaminada a la incoacción de un sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valora extremadamente".
Y añade a todo lo anterior "las posibles molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que ecima posee repercusión mediática".
Tras razonar las causas que han motivado la prevaricación de los delitos -de los tres de los que se acusaban a los seis empresarios-, la magistrada sí que rechaza las alegaciones presentadas porl a defensa del exdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet, que también solicitaba la prescripción del delito, ya que considera que ostentaba la condición de "funcionario público a afectos penales pues Mercasevilla es una entidad municipalizada".
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