Por su parte, los jueces tienen previsto también realizar juntas en cada partido judicial para analizar “las injerencias políticas” en relación a la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Rafael Tirado; y manifestaron que “las críticas vertidas pretenden, básicamente, ocultar responsabilidades del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados”.
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