El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazo este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, la propuesta del PP-A sobre la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre las actuaciones de la agencia IDEA en la gestión y concesión de ayudas para el Plan Bahía Competitiva durante los años 2007 al 2012.
En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Ana Mestre ha iniciado su intervención manifestando que la comisión de investigación es más que necesaria y está más que justificada y ha estimado que el Parlamento andaluz está obligado a dar una muestra de la lucha contra la corrupción. Se trata, según dijo, de investigar en la Cámara autonómica una trama que ha provocado el "robo" de en torno a 25 millones de euros a los parados gaditanos a partir de un plan dirigido por el gaditano Antonio Perales, hoy imputado en el caso.
Ha señalado que la justicia intenta dilucidar en este momento lo ocurrido y ya van 31 imputados, como el propio Antonio Perales y la actual gerente de la agencia de IDEA. Se trata, según ha señalado, del "tercer fondo de reptiles", tras el de los ERE e Invercaria, porque el modus operandi fue el mismo y el plan fue financiaciado por la partida 31L.
Mestre ha puesto de manifiesto que el actual consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, vio en el año 2011 desde su puesto como fiscal, indicios de delito en torno al plan y fue su propia firma la que avanzó e inició la investigación, y, sin embargo, frente a ese reconocimiento, la Junta sigue "intentando minimizar" las consecuencias de una trama "que orquestó el PSOE en torno a la distribución y concesión" de las ayudas al plan.
Ha estimado que el PSOE-A no tiene más remedio que apoyar la creación de esta comisión de investigación después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, haya manifestado que su Gobierno va a combatir la corrupción venga de donde venga.
Por su parte, el diputado del PSOE-A José Juan Díaz Trillo ha señalado que "no ha lugar a una comisión de investigación porque en el Plan bahía responsabilidad de la Junta no hay irregularidades". Ha recordado que fue precisamente la Junta la que puso los hechos en conocimiento del anterior Ministerio de Industria, como responsable de las ayudas, y denunció formalmente ante la Fiscalía.
Ha reprochado al PP-A que hable de un tercer "fondo de reptiles", y mezcle este asunto con Invercaria o con la partida 31L, en su estrategia permanente de tratar de "atacar" al Gobierno andaluz, evidenciando "un ejercicio de fariseismo político". Ha señalado que esta petición de comisión de investigación no tiene sentido porque es precisamente la Junta la que acusó y denunció los hechos. "Es una pérdida de tiempo terrible la que ustedes están llevando a cabo", según ha dicho al PP-A.
El diputado de IULV-CA Ignacio García ha manifestado que en este caso se dan situaciones lamentables, como que ha desaparecido una cantidad cercana a los 25 millones de euros y que todo tiene un "tufillo localista y electoralista" y la existencia de una especie de "capo gallego". Ha confiado en la actuación de la justicia y de los cuerpos de seguridad para esclarecer este caso y en que se recupere el dinero.
No obstante, ha estimado que PP-A sigue caminando por "la peligrosa senda de la demagogia" y desvirtúa un instrumento tan importante como las comisiones de investigación, porque pretende utilizarlas como "plataforma para estirar y amplificar en el tiempo y en el espacio" y presentar unas conclusiones que ya tienen escritas de antemano, como se puso de manifiesto con la de los ERE. Ha instado al PP-A a que cree una comisión de investigación en la Diputación provincial de Cádiz, donde tiene mayoría absoluta.
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