La juez que investiga los ERE fraudulentos ha ordenado hoy registrar el domicilio de dos empresarios de la Sierra Sur sevillana que percibieron "de forma arbitraria" 32 millones de euros, el 39 % de las ayudas concedidas a empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo.
En el auto que ha autorizado el registro de diez domicilios, la juez Mercedes Alaya dice que los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, a los que denomina "tándem", constituyeron una serie de empresas "sin actividad comercial ni trabajadores, creadas con el único objetivo de obtener fondos públicos de forma masiva".
En total, en el periodo investigado consiguieron 32 millones de euros, aproximadamente el 61 % de todas las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla y el 39 % de las que se otorgaron a empresas andaluzas.
Las ayudas eran para la creación de empleo pero los empresarios -que figuran entre los 123 imputados por los ERE- las destinaron a capitalizar sus empresas para luego venderlas a mayor precio o para invertir en proyectos relacionados con la prensa escrita.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, ordenó además registrar el domicilio de Juan Antonio Florido, exsecretario de Organización de la Federación del Textil y Química de CCOO de Andalucía, por haber percibido 43.472 euros de la mediadora Vitalia "como retribución por sus gestiones, trabajos e influencias" para conseguir que esa aseguradora obtuviera la gestión de varios ERE.
Él mismo, según Alaya, percibió 221.543 euros del ERE de la empresa sevillana Hytasal, donde había dejado de trabajar en 1999 y fue dado de alta en abril de 2004, tras la autorización del expediente por parte del delegado provincial de Empleo.
En cuanto al registro del domicilio de Manuel Enrique Rodríguez Contreras, según la juez, deriva de que fue el gerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, persona de "absoluta confianza" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, y tuvo una "intervención destacable" en la concesión de ayudas "huérfanas de procedimiento".
El auto recoge que Rodríguez Contreras pudo participar en la concesión de 2.160.759 euros en ayudas fraudulentas a cinco empresas de su pueblo, Las Navas de la Concepción (Sevilla).
La juez ha autorizado la entrada en el hotel Don Pedro de Torremolinos (Málaga) y Restaurante Río Grande de Sevilla por la posibilidad de que hubiesen hecho pagos aún no detectados al exsindicalista y "conseguidor" Juan Lanzas, encarcelado desde marzo pasado en la rama del caso centrada en las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras en los ERE.
El domicilio de Francisco Casado Sánchez en Córdoba se ha registrado porque, según Alaya, su empresa Licassen Gestiones y Servicios pudo ser utilizada para realizar pagos a terceros por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Su hermano, José Manuel Casado, expresidente del Comité de Empresa de la empresa Asea Brown Bovery, fue incluido en el ERE de dicha empresa y recibió una prima "más favorable y superior a la media del resto de beneficiarios", dice el auto.
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