La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento del Ayuntamiento de Sevilla (Emvisesa) ha aprobado una renta social, que incluye reducciones para aquellas familias que se encuentren en situación de emergencia social (tanto para los inquilinos de promociones en régimen de alquiler, como para los de alquiler con opción a compra).
Esta renta social, que se desarrollará para adaptar los alquileres a los que menos recursos tienen, distinguirá a las familias según sus retribuciones. Así, las unidades familiares que no tengan ningún tipo de ingreso sólo tendrán que pagar la comunidad y los suministros como agua y luz, mientras aquellas con ingresos mínimos -que no superen en una vez el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)- deberán abonar como máximo el 30% de sus ingresos, con un mínimo de 50 euros.
La medida, que fue anunciada ayer por el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, será aplicada “con carácter temporal” y será revisable cada seis meses. Según explicó Zoido, podrán acogerse a esta renta aquellas familias que acrediten que cumplen y mantienen los requisitos a lo largo del tiempo.
2.070 pisos en revisión
Este anuncio, que Zoido realizó ayer junto a la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo; el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, llega después de meses de presiones sociales y vecinales para que Emvisesa adaptara los alquileres según las posibilidades económicas y necesidades de cada familia y tras varias peticiones de los grupos de la oposición, que ahora se congratulan de las nuevas medidas.
Dada la urgencia de la situación, la aplicación de esta renta para familias en emergencia social se aplicará de manera inmediata y será gestionada a través de la Sección de Alquileres de Emvisesa, según explicó su gerente.
Así, Miguel Contreras señaló que el 30% de los 2.070 pisos municipales en alquiler existentes se encuentran ya en revisión, y de ellos hay contabilizados 53 como casos más especiales, ya que las familias han dejado de pagar.
“No vivimos de espaldas a la realidad. Conocemos las dificultades que tienen muchas familias y desde el Ayuntamiento estamos trabajando para que tengan acceso a una vivienda aunque no puedan pagarla”, indicó Zoido, recordando el carácter “temporal” de las nuevas medidas.
Condicionantes
Las familias que quieran acogerse a esta renta social de Emvisesa deberán justificar sus ingresos (tanto las que carezcan totalmente de retribuciones como las que sus ingresos sean inferiores a una vez el Iprem, ya que la reducción del alquiler variará en ambos casos).
Además, en todas las circunstancias estas familias deben ser las arrendatarias legales de la vivienda y acreditar la efectiva ocupación de la misma como domicilio habitual y permanente, que no se hayan producido denuncias constatadas y reiteradas por problemas de convivencia ni otros incumplimientos contractuales diferentes del impago de rentas o cuotas a la comunidad de arrendatarios, además de tener los suministros perfectamente contratados y contar con un informe social de la Unidad de Trabajo Social (UTS) que acredite que la unidad familiar se encuentra en situación de necesidad social.
La documentación a aportar en ambos casos podrá empezar a entregarse en la Sección de Alquileres de Emvisesa de manera inmediata “para que las nuevas rentas sociales comiencen a ser efectivas en un corto plazo de tiempo”, según explicó Zoido, que también recordó que ya en junio de 2012 se bajó “hasta un 25 por ciento” las rentas de algunas viviendas de familias afectadas, en concreto de la zona de Pino Montano y “que cumplían con todos los requisitos”.