La Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como 'ley antidesahucios' entrará en vigor este miércoles tras haber sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de forma que la Consejería empezará a aplicar la Ley desde su entrada en vigor y seguirá con las expropiaciones para evitar desahucios.

   Según el texto publicado en BOJA, consultado por Europa Press, entre las disposiciones finales de esa Ley, aprobada en el Parlamento andaluz con los votos a favor de PSOE e IU y donde se apela a varios artículos de la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía, entre otras normas fundamentales, se contempla el cambio de denominación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), de forma que pasará a denominarse Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

   Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han asegurado a Europa Press que empezará a aplicar la Ley de Función Social de la Vivienda a partir del instante mismo de su entrada en vigor, continuando con las expropiaciones de viviendas para evitar desahucios, la inspección del parque de vivienda para detectar inmuebles vacíos y, eventualmente, sancionar a las personas jurídicas propietarias; incentivando a personas físicas para que pongan en alquiler sus viviendas vacías, entre otras medidas.

   El objetivo de la Ley vuelve a ser el mismo que el decreto ley, esto es, "abaratar el acceso a la vivienda en alquiler y evitar desahucios de personas que ya no tienen ninguna alternativa y están en riesgo exclusión social".

   Las fuentes recuerdan que "el decreto ley funcionó y fue enormemente útil, por lo que la Ley lo será aún más a partir de ya", de manera que "las familias vuelven a tener una herramienta con la que defenderse de los abusos del poder financiero".

REUNIÓN CON EL GOBIERNO

   La Consejería de Fomento y Vivienda urge al Gobierno a convocar una reunión de la comisión bilateral Junta-Gobierno para "apurar todos los cauces institucionales que ofrece el Estado de Derecho para dirimir los posibles conflictos de competencias entre ambas administraciones y evitar así la interposición de un recurso similar al presentado el 9 de julio contra el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda".

   Destacan que el Gobierno central "ha mostrado por escrito su disposición al diálogo a esta Consejería", toda vez que, a su juicio, "sería injustificable que no se apurasen todos los cauces de diálogo, como hizo el Gobierno con la Generalitat en 2008 para tratar la ley catalana de vivienda".

   Han recordado que esta ley "tiene un efecto disuasorio en todos los procesos de desahucio, pues con la norma en vigor, vuelve a ser mucho más difícil desahuciar a una familia porque la entidad financiera se expone a sanciones y expropiaciones", además de provocar "una alteración del 'statu quo' en favor de las familias frente a los bancos".

SEGUIR CON LAS ACCIONES

   La Junta ha indicado que se continuará con los 18 expedientes de expropiación de uso para evitar desahucios de otras tantas familias en riesgo de exclusión social y anuncia el inicio de más expedientes, ya que "hay cientos de solicitudes".

   De esta forma, la Consejería de Fomento y Vivienda retoma la exploración el parque de vivienda "para detectar inmuebles vacías, inscribirlos en un registro y, en su caso, proceder a sancionar a las entidades financieras".

   Así, la Ley "devuelve la vigencia de todas las medidas en defensa de la función social de la vivienda que ya tenía el Decreto", esto es, "sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías; incentivos para personas físicas; sanciones de hasta 120.000 euros a las entidades financieras que no den un uso social a sus viviendas protegidas; y expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas embargadas a personas en riesgo de exclusión social para evitar sus desahucios".

   Recuerda que además la Ley, reforzada por las aportaciones de colectivos y grupos, "amplía y refuerza su alcance con las aportaciones durante su trámite parlamentario, con la ampliación de los supuestos para acogerse a la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios a avalistas, autónomos y los 'atrapados' por 'hipotecas puente'".