La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 111,7 millones impuesta al exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual.
En un auto dictado el pasado 27 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya rechaza el recurso de reforma interpuesto por el abogado del imputado, quien por ciento continúa en prisión provisional al no haber podido abonar la fianza de 300.000 euros que le impuso la magistrada para poder abandonar la cárcel.
En su recurso, el letrado del encausado negó "por aleatorio" el criterio seguido para la determinación de la cuantía así como los hechos "con apariencia antijurídica" que motivaron la fijación de la fianza civil.
La juez, no obstante, se ratifica en la exposición fáctica que precede a la cuantificación de la fianza de responsabilidad civil y que "resulta de los hechos que fueron imputados a Eduardo Pascual con carácter previo a su declaración judicial en virtud del contenido de las investigaciones policiales".
En segundo lugar, la magistrada asevera que el criterio para determinar la fianza de 111,7 millones "se apoya en el grado de responsabilidad del hoy inculpado en la trama, determinado a los solos efectos de cuantificar su responsabilidad pecuniaria, que culminaría, con la conjunta intervención de otros, en la contratación fraudulenta de las pólizas de prejubilación de la Junta con todos sus aditivos, sobrecomisiones para las mediadoras como Vitalia e inclusión de intrusos o personas ajenas a la empresa tomadora de la póliza".
"Considerando que este es un criterio proporcionado, pues atiende a la medida de su participación o más bien a su contribución a la malversación de los fondos públicos", la juez rechaza el recurso y confirma la fianza civil de 111,3 millones de euros impuesta a Eduardo Pascual, uno de los tres imputados en la causa que continúa en prisión, junto a la exdirectiva de Vitalia María Vaqué y el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.
En un auto dictado el pasado 27 de mayo, la instructora relata que Pascual y Vaqué eran gerentes de Vitalia y "ocuparían los primeros puestos en la escala de mando", y a ellos "le seguirían" el director de Vitalia, Antonio Albarracín, y otro extrabajador, mientras que, "a continuación e independientemente de los anteriores, se situaría" Juan Lanzas, "antiguo sindicalista con importantes contactos que ejercería para Vitalia labores comerciales a comisión".
"Todos ellos orquestarían una operación perfectamente determinada", y es que "el negocio, enormemente rentable para Vitalia, sería la concesión continuada por la Junta de ayudas sociolaborales instrumentadas mediante pólizas de renta colectiva que aquella intermediaba, pues por la contratación de las mismas la mediadora Vitalia cobraría unas sobrecomisiones elevadísimas, muy por encima de la media del mercado", y que se cuantifican "provisionalmente" en 21,2 millones.
SINDICATOS Y "AUTORIDADES" DE LA JUNTA
La juez considera que "para conseguir tal provecho" los imputados "influirían activamente mediante sus contactos y relaciones personales, con empresarios, sindicalistas y, sobre todo, con autoridades de la Junta, siendo por ello esencial el papel de Lanzas en la concesión de tales subvenciones, y por ende en la distracción de fondos públicos derivada de la arbitraria contratación de numerosas pólizas de prejubilación financiadas con ellos, adjudicada directamente a la citada mediadora sin celebración de concurso público, proceso tan caro para la Administración que, salvo alguna excepción puntual, sólo se ha conocido en la Junta, para lo cual fue la práctica habitual durante más de 10 años".
Alaya considerado acreditado que, con el importe "pactado" de estas sobrecomisiones, "no sólo se podían abonar suculentos honorarios a Lanzas por su labor comercial, sino utilizar parte de esas sobrecomisiones millonarias en gratificar indiciariamente de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración", punto en el que cita a Guerrero.
En esta actuación "parece claro el papel de conseguidor" de Lanzas "por sus intensos conocimientos y relaciones con Administración y sindicatos, siendo por ello persona grata para los empresarios", señala la juez, que resume que el imputado habría intervenido en la negociación de los expedientes de 12 empresas, entre las que se encuentran Mercasevilla, Río Grande, Surcolor, Nexprom, Zoilo Ruiz Mateos o Primayor.
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