El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha dicho aspirar a una "Andalucía libre de fraudes" a través de la ley andaluza de protección de los derechos de los consumidores frente a la contratación hipotecaria, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 17 de septiembre, tras un "una primera vuelta de diálogo" con agentes sociales.
Durante su intervención en comisión parlamentaria, Valderas ha explicado que el objetivo de esta normativa es erradicar el abuso y la falta de información en materia hipotecaria de la vivienda, así como ganar en transparencia ante "la opacidad, el oscurantismo y el engaño" que se da en numerosas ocasiones por parte de las entidades bancarias a la hora de establecer hipotecas.
Tras apuntar que el Gobierno andaluz también pretende poner fin a la sangría de desahucios y que esta normativa se complementa con la ley sobre la función social de la vivienda, ha querido dejar claro que éste no se mantener "impasible" ni va a ser neutral ante "quienes abusan de su fuerza y empujan al débil a la exclusión social".
"El Gobierno no va a tener ninguna complacencia ante quienes abusan y roban", ha afirmado el vicepresidente, quien ha invitar al conjunto de los partidos a mejorar el citado anteproyecto de ley durante el trámite parlamentario, con "una segunda vuelta de participación". De hecho, ha indicado que está dispuesto a mantener reuniones con los grupos políticos si así lo solicitan.
Valderas ha señalado también que no se trata de una ley con vocación sancionadora, aunque sí recoge sanciones. Según ha apuntado, existen en estos momentos más de 9.000 expedientes sancionadores, que se han traducido en 13 millones. En este año se ha emitido además una "dura sanción" a Caixabank y ya se estudia un nuevo paquete de sanciones.
Para el vicepresidente de la Junta, esta normativa no tiene "comparación" con ninguna otra del conjunto del Estado. "Otras comunidades autónomas han ido hacia una ley de transparencia en materia hipotecaria, pero la nuestra no es de transparencia, sino de defensa de los consumidores", ha destacado Valderas.
Entre las novedades del anteproyecto de ley, el consejero del ramo ha mencionado el hecho de que los notarios y registradores de la propiedad puedan ser sancionados en el caso de que no adviertan a los ciudadanos de "cláusulas abusivas" antes de firmar la hipoteca. Y es que, en su opinión, ha habido un "cierto relajamiento o dejación por parte de este colectivo, que no ha informado sobre la letra pequeña".
Valderas, que se ha mostrado convencido de que a partir de esta ley habrá entidades bancarias que cambien su filosofía de funcionamiento, se ha referido también al recurso que el Gobierno de la Nación presentó al Tribunal Constitucional ante una ley en esta materia elaborada por la Comunidad de Madrid. Si bien, ha justificado este recurso en que la norma estaba "por detrás" de la estatal, calificándola como "ley cangrejo".
PP-A CRITICA LA FALTA DE DIÁLOGO CON BANCOS Y NOTARIOS
En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Ángeles Isac ha dicho que su formación apoya que se avance en la protección de los derechos de los consumidores, pero que no le parece bien que no se haya contado en la elaboración de este anteproyecto con colectivos "muy afectados" como son las entidades bancarias, los notarios y los registradores de la propiedad.
Asimismo, la parlamentaria popular ha mostrado su temor a que en este anteproyecto de ley puedan acometerse una "invasión de competencias" que llegue al Gobierno de la Nación a plantear un recurso como el que ha emitido en la Comunidad de Madrid con una normativa similar. No obstante, Isac ha mostrado la disposición de su formación a mejorar "entre todos" el citado texto normativo.
PSOE-A VE UN MARCO JURÍDICO "MÁS ADECUADO"
Por su parte, la diputada del PSOE-A Clara Aguilera ha apuntado que la nueva normativa crea un marco jurídico "más adecuado" para lograr una vivienda digna y para proteger a los ciudadanos de los abusos por parte de las entidades financieras, frente al "escaso control público" que, en su opinión, ha habido en esta materia.
Tras mostrarse convencida de que un gobierno "no puede ser neutral" en esta materia, Aguilera se ha congratulado de que este anteproyecto de ley incluya artículos que amplían la cobertura de la ley estatal, una normativa "muy cortita". También ha apoyado las sanciones "ejemplarizantes" y se ha preguntado si el contrato hipotecario de confianza podría ser obligatorio y no voluntario.
IULV-CA SE SIENTE "ORGULLOSO" DEL GOBIERNO ANDALUZ
Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha felicitado al consejero por este anteproyecto, que marca "distancia" con las políticas del Gobierno central y de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Según ha afirmado, se completa con la ley sobre la función social de la vivienda y coloca a Andalucía como "referente pionero" en defensa de la ciudadanía.
"Ninguna otra comunidad ha apostado sin fisuras por la víctimas de la crisis y de la burbuja inmobiliaria como ha hecho el Gobierno andaluz", ha destacado la parlamentaria de IULV-CA, quien ha dicho que su grupo se siente "orgulloso" de que el Ejecutivo andaluz esté dando los pasos en la dirección adecuada. "Esta ley es un nuevo gesto evidente y tangible de que está volcado con la mayoría social", ha concluido.
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