La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha presentado este lunes su recurso de alzada contra la aplicación del copago en las farmacias hospitalarias. El documento, que se ha entregado en la Delegación del Gobierno en Andalucía, recoge que esta medida, que constituye una nueva penalización para la ciudadanía y los colectivos más vulnerables, supondrá más costes que beneficios económicos y pone en riesgo la salud de los pacientes, quienes podrían renunciar a sus tratamientos por no poder hacer frente al pago del mismo establecido por el Gobierno central.
Es por ello que en Andalucía no se aplicará esta medida, donde son 90.000 pacientes los que tendrían que asumir este nuevo gasto para afrontar su enfermedad. Además, señala la Consejería en una nota, se suma el hecho de que la mayoría de estos pacientes están tomando fármacos que retiran mediante receta en las oficinas de farmacias y que están afectados por el copago que se aplica desde el 1 de julio de 2012.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que no pueden medirse en la misma balanza costes económicos y salud y que esta medida representará un obstáculo para que los pacientes con rentas más bajas puedan asumirlo, con el peligro que ello conllevaría sobre el control de la enfermedad o la propia vida de los pacientes.
Desde Andalucía se ha pedido la retirada de esta medida, una petición que se trasladará nuevamente este martes, 1 de octubre, en la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial. Asimismo, se desconocen las intenciones del Gobierno de España de por qué implanta esta medida si realmente no supone un ahorro para la administración sanitaria.
La aplicación de este nuevo copago farmacéutico podría suponer más costes que beneficios, puesto que para aplicarlo habría que adaptar todos los sistemas informáticos actuales y establecer un nuevo protocolo de trabajo.
