El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha formulado una interpelación dirigida al Consejo de Gobierno relativa a la política general de la Junta en materia de universidades, entidades que en la región se encuentran en la "asfixia" por los impagos "sistemáticos" y "acumulados" de la administración autonómica.

   En dicha interpelación, consultada por Europa Press, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, recuerda que las universidades públicas son "un instrumento trascendental en la formación de capital humano y en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad".

   No obstante, en esta materia el Gobierno andaluz ha "incumplido" los compromisos establecidos en el dictamen relativo a la situación del sistema universitario andaluz, aprobado por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 6 y 7 de junio de 2001, mientras que los diferentes objetivos marcados en los planes del Gobierno andaluz para las sedes académicas "no han sido alcanzados".

   Además, recuerdan los populares que el sistema universitario andaluz está sufriendo "en mayor medida" los impagos, "acumulados desde antes del inicio de la crisis económica", circunstancia que "asfixia" a estas instituciones y a sus proveedores, "poniendo en riesgo tanto el normal desarrollo de la actividad universitaria como la supervivencia de empresas y puestos de trabajo".

   Esta semana, los rectores de las universidades públicas andaluzas --las ocho provinciales más la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)-- mantuvieron un encuentro con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que suscribió los términos del acuerdo firmado el pasado mes de junio con el Ejecutivo de José Antonio Griñán, en el que la hoy presidenta desempeñaba sus funciones como consejera de Presidencia e Igualdad.

HACIENDA "TRABAJA" PARA ACOMETER LAS TRANSFERENCIAS MÁS URGENTES

   En el apartado de la financiación, y dentro de las asunciones del actual Gobierno andaluz, la Consejería de Hacienda y Administración Pública "trabaja" para acometer las transferencias "urgentes" para atender la deuda más prioritaria y a corto plazo de las sedes académicas, referida al pago pendiente con proveedores, a las que ya se aludían el pasado mes de junio.

   Los rectores explicaban que las universidades valoran el "esfuerzo" de la Junta y son "conscientes" de la "enorme" dificultad en materia de déficit, mientras que el cambio de gobierno ha propiciado un retraso en el pago de estas cantidades para el "desahogo" --que ascienden a unos 100 millones de euros y que estaban previstas para el inicio del curso-- que las sedes académicas asumen ante las "buenas perspectivas" existentes. Asimismo, el consejero responsable de Universidades, José Sánchez Maldonado, se ha comprometido a comenzar a trabajar "inmediatamente" aspectos concretos para marcar una "hoja de ruta".

   Otra vía, que la Junta parece dispuesta a promover, es la de que en base al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) la administración andaluza pueda pagar a las academias lo adeudado. En todo caso, el curso podrá comenzar con normalidad, pues la universidad tiene capacidad de "flexibilizarse".

   Las sedes universitarias también han solicitado a la Junta autorizar la contratación excepcional de unos 170 profesores a tiempo completo, aproximadamente, que puedan contribuir a paliar las "urgentes" necesidades de las sedes universitarias al inicio del curso académico. Se trata de que la Junta desbloquee la contratación de personal laboral --algo a lo que la administración andaluza ha dado su visto bueno--, siempre respetando las necesarias políticas de ahorro, al ser este aspecto de su competencia y darse este año una situación extrema desde el punto de vista de necesidades del profesorado al solaparse varios planes docentes.

   Asimismo, las universidades han reclamado a la presidenta de la Junta que, en la medida de lo posible, utilice su ámbito de influencia para conseguir "relajar" la tasa de reposición del personal docente e investigador funcionario, dependiente del Estado, y que ésta pase del 10 al 30 por ciento, dado que las aproximadamente 500 jubilaciones que se registran se están cubriendo con personal de promoción, por lo que "se pierden las plazas que se jubilan".