Los rectores de las universidades públicas andaluzas --las ocho provinciales más la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)-- han mantenido este miércoles un encuentro con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que solicitan autorizar la contratación excepcional de unos 170 profesores a tiempo completo, aproximadamente, que puedan contribuir a paliar las "urgentes" necesidades de las sedes universitarias al inicio del curso académico.
Según han explicado a Europa Press fuentes universitarias, se trata de que la Junta desbloquee la contratación de personal laboral, siempre respetando las necesarias políticas de ahorro, al ser este aspecto de su competencia y darse este año una situación extrema desde el punto de vista de necesidades del profesorado al solaparse varios planes docentes.
En declaraciones a los periodistas. el rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), José Manuel Roldán, ha dado cuenta del "acuciante" problema que para las academias andaluzas supone la "descapitalización" humana, que cristaliza a partir de los decretos que fijan la tasa de reposición en el 10 por ciento para Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario y en el cero por ciento para personal laboral, así como en el hecho obligado de prescindir de algunas plazas de profesores asociados.
Según Roldán, esta situación puede llevar a las sedes universitarias andaluzas a "verdaderas dificultades para poder impartir docencia". Por ello, los rectores han trasladado a Díaz una petición, que ésta habría aceptado y que previsiblemente se aprobará este mismo miércoles en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), según la cual se pretende una ampliación "excepcional" dentro del sistema de ahorro concertado para cubrir las necesidades docentes.
Asimismo, las universidades han reclamado a la presidenta de la Junta que, en la medida de lo posible, utilice su ámbito de influencia para conseguir "relajar" la tasa de reposición del PDI funcionario, dependiente del Estado, y que ésta pase del 10 al 30 por ciento, dado que las aproximadamente 500 jubilaciones que se registran se están cubriendo con personal de promoción, por lo que "se pierden las plazas que se jubilan".
POSIBLE INCLUSIÓN DE LOS PAGOS EN EL FLA
Dentro de una línea de "diálogo" y de solicitud de apoyo político, los rectores, ha subrayado el presidente de la AUPA, han trasladado a Díaz su deseo de que se respeten los términos del acuerdo suscrito el pasado mes de junio con el Ejecutivo de José Antonio Griñán, en el que la hoy presidenta desempeñaba sus funciones como consejera de Presidencia e Igualdad.
Entre estos, asimismo, se encuentra el apartado de la financiación. De esta manera, y dentro de las asunciones del actual Gobierno andaluz, la Consejería de Hacienda y Administración Pública "trabaja" para acometer las transferencias "urgentes" para atender la deuda más prioritaria y a corto plazo de las sedes académicas, referida al pago pendiente con proveedores, a las que ya se aludían el pasado mes de junio.
Roldán ha explicado que las universidades valoran el "esfuerzo" de la Junta y son "conscientes" de la "enorme" dificultad en materia de déficit, mientras que el cambio de gobierno ha propiciado un retraso en el pago de estas cantidades para el "desahogo" --que ascienden a unos 100 millones de euros y que estaban previstas para el inicio del curso-- que las sedes académicas asumen ante las "buenas perspectivas" existentes. Asimismo, el consejero responsable de Universidades, José Sánchez Maldonado, se ha comprometido a comenzar a trabajar "inmediatamente" aspectos concretos para marcar una "hoja de ruta".
Otra vía, que la Junta parece dispuesta a promover, es la de que en base al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) la administración andaluza pueda pagar a las academias lo adeudado. En todo caso, el curso, ha agregado Roldán, podrá comenzar con normalidad, pues la universidad tiene capacidad de "flexibilizarse".
Otros puntos tocados en la reunión, y asimismo incluidos en el pacto de junio, han sido el del estudiantado --donde "se ha avanzado" al mantener la tasa más baja de matrícula dentro de la horquilla existente en España y al desarrollar ayudas específicas, a pesar de que se empieza a observar una disminución de alumnos por la política estatal de becas, extremo que aún debe confirmarse por no contar las universidades con datos actualizados-- y la "preocupación" por la situación de la investigación y los "atrasos" sufridos, razón por la que los rectores quieren promover otro plan dentro de un nuevo modelo de financiación.
