El PSOE-A ha anunciado este miércoles que la futura Ley de función social de la vivienda, que se someterá al Pleno del Parlamento la próxima semana, contará con una "partida específica" en los presupuestos de la comunidad para 2014 y, a partir de ahí, se podrá valorar a cuántas personas va a beneficiar, una vez que amplía la cobertura a nuevos beneficiarios, como avalistas.
En rueda de prensa, el portavoz de materia de vivienda del grupo socialista, Enrique Benítez, ha explicado que la citada ley ampliará, en relación con el decreto ley que fue recurrido por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional, los supuestos de interés social y dará cobertura a nuevos beneficiarios para tratar de frenar los desahucios en la comunidad. Así, quedarán bajo cobertura de la norma aquellas personas que hayan avalado algún préstamo hipotecario o los trabajadores autónomos que avalaran con su vivienda habitual su negocio.
Se tratará, según ha indicado, de una ley más social y protectora de los intereses de los andaluces, frente a un Gobierno de la Nación que no deja de legislar a favor del sistema financiero y en contra de los ciudadanos.
Benítez ha aprovechado para reclamar al PP-A que demande al Gobierno de Mariano Rajoy que no recurra esta nueva norma y que retire el recurso interpuesto contra el anterior decreto ley de función social de la vivienda.
A su juicio, los supuestos en los que el Ejecutivo nacional basó el recurso no se sostienen, como el relativo a que el decreto ley ponía en peligro la estabilidad financiera y afectaba al proceso de reordenación del sistema financiero español. Ha indicado que difícilmente se puede poner en riesgo el sistema con ese decreto cuando Andalucía sigue siendo la comunidad en la que se firman más hipotecas.
Se ha mostrado convencido de que ese recursos del Gobierno era más bien por "motivos políticos" porque los supuestos en que se basaba no se sostienen.
Benítez ha insistido en demandar al Gobierno que retire el recurso y al PP-A que apoye la nueva ley andaluza de función social de la vivienda porque claramente beneficia los intereses de los andaluces.
Se ha preguntado si el PP-A trata de evitar que en Andalucía se visualice un modelo diferente que contraste con el "fracaso" de las medidas del Gobierno central para frenar los desahucios. Ha indicado que el Ejecutivo nacional hablaba de que unas 600.000 personas podrían beneficiarse de sus medidas, cuando la cifra se ha situado en 1.600.
"Esto pone de manifiesto el fracaso del Ejecutivo nacional en la lucha contra los desahucios", según el portavoz socialista, para quien el PP-A debería posicionarse en Andalucía a favor de los ciudadanos y no del sistema financiero.
A este respecto, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Francisco Álvarez de la Chica, ha confiado en que el Gobierno de Mariano Rajoy no dedique sus esfuerzos y recursos a recurrir ni esta nueva ley de función social de la vivienda ni la norma sobre protección de los derechos de los consumidores en la contratación hipotecaria aprobada ayer por el Consejo de Gobierno andaluz.
Según De la Chica, con esta última norma se pretende poner freno a la estafa y los abusos a los consumidores por parte de "poderes con una actitud indecente". Se ha preguntado cuántas acciones preferentes o hipotecas con cláusulas suelo tienen los banqueros de este país.
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