De incógnito

Alaya y la causa general de los ERE

Si les pica la curiosidad y son ustedes un poco masoquistas, léanse el renombrado auto de la jueza Alaya que imputa en diferido a Chaves, Griñán y a cinco exconsejeros de la Junta

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Si les pica la curiosidad y son ustedes un poco masoquistas, léanse el renombrado auto de la jueza Alaya que imputa en diferido a Chaves, Griñán y a cinco exconsejeros de la Junta. El lenguaje jurídico normalmente suele ser farragoso, poco directo y muchas veces necesita releerse más de una vez para estar seguro de que dice lo que parece que dice y, aun así, es hasta interpretable, de ahí la costumbre -tan arraigada- de recurrir una y otra vez. Lo que pasa es que éste en cuestión se lleva la palma, en la forma y en el fondo, aunque intuyo que la autora lo ha hecho a propósito, a ver si con el runrun de llegar a la pirámide de la trama la dejan trabajar un poquito en paz y cierra de una vez una instrucción que, aún compleja, tiene a más de uno sin declarar desde hace más de dos años. 

Cierto es que está levantando gran debate entre juristas y algún que otro leguleyo (venga, me incluyo), pero si se leen el auto, al margen de poner en la picota a los máximos dirigentes de la Junta de los últimos años, es más que interesante esas precisiones que hace en sus razonamientos jurídicos, esa parte en la que justifica que la trama está en la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido... sobrecomisiones que la Junta permitió... modificaciones presupuestarias que permitieron... creando la partida fraudulenta... eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones...

Alaya se desliga de los que sí se aprovecharon de ese sistema (la inmensa mayoría ya imputados) y se centra en la vertiente política de los hechos. No lo esconde, lo reconoce en el auto y va directamente a señalar a los que no ha podido imputar por ser aforados: los ve responsables directos de los desfases millonarios y así se lo pretende trasladar al Supremo y TSJA cuando cierre una investigación que no pretende soltar.

Sí, va a por los políticos, claramente. La pregunta que queda en el aire es si se puede juzgar penalmente una acción política, refrendada en el Parlamento y en las urnas. Se juzgan los delitos, a los que los cometen, permiten cometerlos o los alientan. Y hacen falta pruebas. Estoy deseando ver cómo las traslada al papel.

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