La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 4.089.639,45 euros impuesta a la expresidenta del consejo de administración de la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto Monge, que se incluyó en un ERE que era "innecesario" y que consiguió una ayuda pública "valiéndose de sus importantes influencias políticas".
En un auto dictado el pasado 5 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya rechaza el recurso interpuesto por la imputada, militante del PSOE y del sindicato UGT, contra el auto en el que le imponía dicha cantidad en concepto de fianza de responsabilidad civil, ya que "la ayuda sociolaboral no era necesaria, pues innecesario era el ERE de Acyco".
Al hilo de ello, la instructora señala que el ERE "derivó de una imposición del grupo comprador --grupo SOS--, imposición que no obstante" la imputada "rentabilizó para su propio beneficio", ya que "al ser despedida como trabajadora cobró durante dos años su indemnización por despido y luego 276.000 euros" en virtud de la póliza de prejubilación, "pese a lo cual siguió desempeñando el mismo cargo" de presidenta del consejo de administración de Acyco, "cobrando dietas que superaban ampliamente el salario mensual que antes recibía".
"IMPORTANTES INFLUENCIAS POLÍTICAS"
Además de estas dietas, añade la juez, la imputada "pasó a cobrar otras tantas por incorporarse" a los consejos de administración del grupo SOS, de manera que "son evidentes las razones por las cuales estaba tan interesada en la percepción para Acyco de la ayuda pública, para cuyo otorgamiento se valió de sus importantes influencias políticas".
La instructora asevera que, "a esta cuantía de la ayuda pública, en el auto recurrido se le ha adicionado el importe de los honorarios pagados" por la Junta de un despacho de abogados que asesoró a Acyco y un porcentaje del IVA que, "injustificadamente, se le cobró a la Junta y esta lo pagó".
El pasado 16 de mayo de 2012, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza civil de 3,5 millones de euros para Encarnación Poto, que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que le imputa sendos delitos de prevaricación, cohecho y obtención indebida de subvenciones.
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