La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga (Málaga), Irene Urbón, que investiga el denominado caso 'Arcos', decretó anoche prisión sin fianza para el hasta ahora alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y para el arquitecto José Mora Lampérez, según informaron fuentes judiciales. 


Al alcalde, que fue detenido el pasado viernes junto con otras 12 personas en el marco de esta operación contra corrupción urbanística, se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental, según precisaron a Europa Press las mismas fuentes. 


Martín Alba, que llegó para declarar ante la instructora del caso sobre las 16.00 horas entre aplausos de una treintena de vecinos que se encontraban en las puertas de las dependencias judiciales, firmó su renuncia al acta de concejal, que será presentada hoy en el Registro del Ayuntamiento, según indicaron fuentes socialistas. 


Por su parte, la jueza decretó también prisión para uno de los jefes de servicio del Área de Arquitectura de la Diputación, José Mora, que declaró por la mañana y al que se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. 


Tanto el alcalde como el arquitecto abandonaron los juzgados sobre las 22.30 horas cada uno en un coche de la Guardia Civil. Unas 80 personas esperaban la salida y gritaron frases de ánimo para ambos. Desde la defensa del arquitecto aseguraron que "no hay motivos" para la medida tomada, que es "absolutamente innecesaria", por lo que recurrirán la resolución; al tiempo que añadieron que los hechos "no revisten la gravedad de lo que puede deducirse". 


Asimismo, también comparecieron ayer el aparejador municipal F. L, quien quedó en libertad sin fianza, imputado por el delito de prevaricación urbanística. Respecto al asesor P. J. G, que también compareció esta mañana, la instructora decretó libertad provisional sin fianza y prohibición de salir de España, estando imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. 


La jueza que investiga el caso 'Arcos' dejó el lunes en libertad a las seis personas a las que tomó declaración. Dos de ellas quedaron sin medidas cautelares, pero imputadas, en concreto por blanqueo en el caso de una de las hijas del alcalde y por cohecho, blanqueo y contra la ordenación del territorio, en el caso de V.LL., hija de uno de los empresarios. 


Los otros cuatro detenidos tuvieron que comparecer ayer de nuevo para que les fuera comunicado el importe de la fianza, aunque ayer quedaron en libertad provisional. De esta forma, la jueza impuso fianzas de 120.000 euros para los empresarios F. Ll. O, J. M. R. A. y M. T. T, y de 30.000 euros para L. E. C. M. Los cuatro, sobre los que la jueza acordó la medida cautelar de prohibición de salir de España, tienen 10 días hábiles para abonar la fianza. 


Por otro lado, la otra hija del alcalde, la hija de uno de los de los empresarios detenidos y la secretaria del arquitecto ya fueron puestas en libertad con cargos durante el fin de semana por la Guardia Civil, que desarrolló el pasado viernes esta operación con la participación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo, que se saldó con 13 personas arrestadas. 


La investigación del caso 'Arcos'


La investigación ha contado con la activa colaboración del Seprona de la Guardia Civil de Málaga y ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía, según informaron desde el Ministerio del Interior en un comunicado. 


Los empresarios dedicados a esta actividad presuntamente pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades, indicaron. Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas. 


En estas diligencias se investigan, entre otros, los delitos de cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa. El alcalde guardaba 160.000 euros en efectivo distribuidos en varias bolsas bajo un colchón de una cama de su casa. El dinero fue encontrado en uno de los registros efectuados por la Guardia Civil el pasado viernes.