El alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba, ha firmado su renuncia al acta de concejal cuatro días después de ser detenido en el marco de la operación 'Arco', contra la corrupción urbanística, y tras ser expulsado del PSOE el mismo día del arresto, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.
Las fuentes precisaron que el acta de dimisión del hasta ahora regidor, que gobernaba desde 1991, se presentará hoy en el Registro municipal. El Ayuntamiento estaba formado por seis concejales del PSOE, por lo que tenía mayoría absoluta, por tres del PA y dos del PP.
La dirección del PSOE-A advirtió el lunes al alcalde de que si no entregaba su acta en el Ayuntamiento del municipio, se le plantearía una moción de censura. Así, el vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, manifestó que era necesario que hubiera un nuevo alcalde socialista en la localidad.
Mientras, José Manuel Martín era conducido ayer a declarar al juzgado instructor de la causa, extremo que continuaba al cierre de esta edicición y cuya titular ha impuesto 120.000 euros de fianza para tres empresarios.
Martín fue recibido con aplausos y gritos de ánimo de una treintena de sus vecinos al llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que dirige esta operación denominada ‘Arcos’ que sumó 13 arrestos.
El alcalde, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad, fue el último en comparecer ante la jueza, que ha impuesto otra fianza de 30.000 euros para el yerno de un empresario que es a su vez apoderado de una empresa, seguún informaron a Efe fuentes judiciales.
Hasta que no concluyan la declaración del alcalde, que continuaba al cierre de esta edición, la instructora no adoptará decisiones sobre dos de los detenidos que también declararon ayer: el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, y el aparejador Francisco Lorca.
Fianzas para tres empresarios
Las fianzas de 120.000 euros son para los empresarios Francisco Llamas, Manuel Tejada y José Manuel Rico, éste último de Huelva, y tienen diez días hábiles para depositarlas y la prohibición de salir de España, y la de 30.000 euros es para Luis Eduardo Crooke, yerno del primero de los empresarios, aunque todos estos están en libertad.
A Llamas y Crooke se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, mientras que Rico y Tejada están acusados de los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
Al gestor inmobiliario Pedro José Grandfils, que quedó en libertad con cargos, sin fianza y prohibición de salir del país, se le imputan nueve delitos por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
Tras concluir la comparecencia del jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación, su abogado, José Carlos Aguilera, señaló a Efe que algunos delitos que se imputan a su cliente "pueden haber prescrito" por el tiempo transcurrido y aludió a la responsabilidad de "quien debe velar por la ordenación urbanística".
Por su parte, el grupo del PP en la Diputación de Málaga ha pedido que una comisión investigue la supuesta vinculación de este organismo en esta presunta trama de corrupción, mientras que el presidente de la institución, Salvador Pendón (PSOE), ha demandado que no se extienda la sospecha a toda la institución.
Los investigadores de esta operación han devuelto ya al Ayuntamiento el servidor informático intervenido en el registro efectuado el pasado viernes y el consistorio empezó ayer a recobrar la normalidad en el ámbito administrativo.
De los trece arrestados en esta operación el pasado viernes, tres quedaron en libertad durante el fin de semana tras declarar ante la Guardia Civil: una de las hijas del alcalde de Alcaucín, la hija de un constructor y la secretaria del jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación.
Otra hija del alcalde, Sonia Martín Ruiz, quedó en libertad pero acusada de un delito de blanqueo de capitales.
La operación ha destapado una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña.
