Según indicó el dirigente sindical, estos trabajadores están “muy castigados” en el tema económico y existe un alto porcentaje de ellos que tiene que subsistir con “400 euros al mes”, siendo “muy complicado que asistan a los cursos y puedan sacar a sus familias adelante”.
Por ello, entendió que la Junta de Andalucía “debe hacer un nuevo esfuerzo” y “actualizar la beca que reciben para que sus familias puedan subsistir” y, además, crear medidas que “minimicen el impacto económico que están sufriendo”, tal y como está reflejado en diversos desarrollos del protocolo de recolocación.
En ese sentido, apuntó que con respecto al desmontaje de la maquinaria de Delphi se propuso por parte de la representación sindical que fueran los propios trabajadores de la multinacional los contratados para llevar a cabo la operación, entendiendo la Junta que “esto sería lo más adecuado”.
Así, esperó que el encierro de los ex eventuales termine “en breve” espacio de tiempo, reiterando el apoyo y la solidaridad de su sindicato en relación a sus demandas de igualdad de trato.
Por su parte, el parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, ha mostrado el apoyo de su partido a los ex trabajadores eventuales de Delphi y ha exigido a la Junta de Andalucía la equiparación de las prestaciones sociales al menos con los trabajadores eventuales de las empresas auxiliares.
El diputado de Izquierda Unida ha ha transmitido a los encerrados la intención de la formación política de continuar demandando en el Parlamento andaluz la igualdad de derechos con los que fueron trabajadores de plantilla de la empresa de automoción. A juicio de García, “se ha recurrido a artimañas legalistas y burocráticas para no considerar trabajadores de Delphi a estos eventuales, cuando algunos de ellos llegó a estar hasta 14 años trabajando como eventual para Delphi y después de que se les restituyera el contrato días antes del cierre de la planta de Puerto Real”.
El parlamentario afirma que esta actuación va “claramente en contra de los derechos de los trabajadores y la Junta no debería consentirlo”.
En este sentido, considera que “al menos, a efectos de incapacidad laboral y prejubilación se les debería incluir en el mismo paquete que a los trabajadores de Delphi, ya que se están dando casos de personas con larga enfermedad que lo están pasando verdaderamente mal, con una media de 220 euros al mes”.
García insiste en que la Junta debe asumir su compromiso y no manipular la información, como ocurrió con el informe enviado al Defensor del Pueblo, en el que no se les consideraba como trabajadores eventuales en el momento del cierre de la empresa. Según apunta, “esta actuación no es más que el maquillaje, la fachada y la mentira con el que la Junta ha disfrazado todo el proceso de cierre de Delphi”.
Así, el diputado se encuentra en espera de respuesta por parte de Empleo a la pregunta parlamentaria registrada a finales de enero respecto a la discriminación por parte de la Junta de este colectivo de trabajadores y al referido informe al Defensor del Pueblo. El diputado apunta finalmente, que a la vista de situaciones como la Delphi, “se hace más que nunca necesaria la implantación de la renta básica que eviten el desamparo actual en el que viven cerca de 900.000 familias en toda España o de 80.000 en Andalucía”.
El presidente provincial del PP de Cádiz y portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Loaiza, ha acusado a la Junta de Andalucía de “dejar abandonados y desamparados” a los ex eventuales de factoría de Delphi en Puerto Real.
Loaiza ha expresado el “apoyo y respaldo” del Partido Popular a los ex eventuales encerrados en el edificio de los sindicatos, ante los “continuos incumplimientos” y “engaños” del PSOE, “que los ha dejado totalmente desamparados”.
A su juicio, es “intolerable” que el colectivo de ex eventuales siga padeciendo la “discriminación” a la que la Junta lo ha sometido desde que cerró la factoría, dándoles “un trato desigual” a pesar de que algunos de estos ex empleados llevaban trabajando para Delphi “muchos años”.
Según el presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, hechos como el encierro protagonizado por los eventuales, el trato desigual respecto a aquellos que tenían un contrato fijo, o la no llegada de las empresas anunciadas, demuestran la “incapacidad” del Gobierno de Chaves de asumir sus responsabilidades y hacer frente a una situación de crisis industrial en la Bahía gaditana “que los propios socialistas han permitido”.
Especialmente “vergonzoso” es, a su juicio, el hecho de que, tal y como denuncian los propios ex trabajadores, el viceconsejero de Empleo de la Junta, Agustín Barberá, “mintiera al Defensor del Pueblo andaluz asegurando que no existían eventuales para justificar la diferencia de trato”.
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