La jueza Mercedes Alaya ha entrado de lleno en la vertiente política del caso de los ERE y lo hace reconociéndolo expresamente en un auto en el que comunica a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados, la existencia de un procedimiento judicial en el que podrían ser imputados por un tribunal superior por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. La magistrada no remite la instrucción del caso a órganos judiciales superiores (Supremo o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) sino que les remitirá “testimonio” si en la investigación, que ella continuará, encuentra indicios de delito contra los aforados, a los que garantiza su derecho a la defensa, como solicitaba la Audiencia de Sevilla en agosto.
Aunque esperado, el auto de la magistrada no ha dejado indiferente ni a propios ni a extraños, ya sea por señalar tan directamente a los responsables políticos de la Junta en las últimas dos décadas, como por su redacción, dejando en el aire una imputación que deben hacer órganos judiciales superiores pero sin renunciar a una investigación que dura ya más de dos años y medio.
El auto, como reconoce la jueza, entra “de lleno en la vertiente política de los hechos” y atañe directamente a los presuntos responsables políticos del “núcleo esencial” de la investigación: “la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido”. Y esos responsables son aforados, es decir, gozan del privilegio de que su enjuiciamiento lo realice un tribunal superior, ya sea el Supremo en el caso de los diputados nacionales (Chaves y Viera) o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el caso de los autonómicos (Griñán, Martínez Aguayo, Recio, Vallejo y Ávila).
Alaya responde con su auto al que le remitió la Audiencia de Sevilla el pasado 8 de agosto, en el que le instaba a acotar delitos y aforados para evitar la indefensión de los responsables políticos. La magistrada reconoce que ella, como juez de instrucción, “no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación o inculpación” pero opta por darles “traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean”.
El circunloquio judicial de no imputar pero permitir que se presenten como parte en las actuaciones, lo justifica en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga a los aforados “la facultad de asumir la condición de parte” pero “no quedan sujetos al procedimiento penal, pudiendo a su voluntad desvincularse del mismo hasta que no se conceda el suplicatorio o la autorización parlamentaria”. La condición de “imputados provisionales” en la que quedan los aforados es, para Alaya, “harto peculiar” e incluso “anómala”, un estatus que equivale al de querellado o denunciado sin pronunciamiento judicial aún pero que no evita ni la “presión mediática” que se pretende reducir ni, lamenta la magistrada, “el efecto multiplicador de la expectación e influencia negativa de los medios”: reconoce Mercedes Alaya que los aforados se verán señalados tanto en el auto que firma como en la imputación por el tribunal superior “si procediere”.
La instrucción sigue en sus manos
Alaya pretende también con este auto “agotar las diligencias de investigación” determinando el “cierto grado de responsabilidad de los aforados”, momento en el que remitiría testimonio de la causa al tribunal superior competente para la instrucción y enjuiciamiento de la misma, que sería quien determinara de forma individual la conducta concreta de los aforados y los indicios o pruebas que así lo justificara.
La magistrada libra así oficio para que quede acreditado documentalmente la calidad de aforados de los dos expresidentes de la Junta y de los cinco exconsejeros, que pueden personarse en la causa a través de su representación procesal, y anuncia que cabe recurso, extremo que la Fiscalía ya está estudiando.
En el mismo auto, la jueza afirma que se siguen practicando por la Guardia Civil “múltiples diligencias, las cuales han de ir acomodándose a los nuevos hallazgos de la investigación”. Entre esas investigaciones se incluyen ciertos informes de seguimiento de empresas y el atestado relativo a la Sierra Norte de Sevilla, que “aún” no han podido completarse pero que “redundará” en un análisis más profundo y exhaustivo de los hechos.
Además de estas investigaciones, la jueza incluye las declaraciones que abarcan la gestión presupuestaria y la ejecución del presupuesto, “entrando de lleno en la vertiente política de los hechos”, extremo que une a la imputación de los aforados.
Así, los dos expresidentes de la Junta (Griñán en funciones hasta la pasada semana) y los cinco exconsejeros andaluces (Martínez Aguayo y Ávila traspasaban ayer mismo sus carteras a sus sucesores) se sumarían, si finalmente así lo hacen el Tribunal Supremo y el TSJA, a la lista de 123 imputados que ya acumula el caso de los ERE.
Para imputarlos, Alaya hace especial mención a las declaraciones del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y del interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, así como a la “relevante documentación aportada, especialmente los informes de la Intervención General, la documentación presupuestaria, la procedente de la Dirección General de Trabajo y la relativa a las subvenciones de empresas de la Sierra Norte de Sevilla”.
