El Plan de Aparcamientos fue uno de los mayores y más sonoros fracasos de Monteseirín al frente del Ayuntamiento de Sevilla. En 2004 prometió que construiría 67 estacionamientos repartidos por los barrios de la ciudad con un total de 40.000 plazas y que estarían todos acabados en 2013. La realidad es que en sus doce años de mandato como alcalde sólo cortó la cinta inaugural de cuatro parkings que hubieran sido promovidos por sus sucesivos gobiernos municipales, ya que los seis que se abrieron hasta el año 2003 venían ya programados de la etapa anterior, la de los gobiernos de coalición PP-PA (Soledad Becerril y Rojas Marcos).

En el colmo de la negligencia, las corporaciones de Monteseirín adjudicaron once de los primeros diecinueve parkings que empezaron a promover sobre suelos ¡que no eran de propiedad municipal!. Y, albarda sobre albarda, hasta tres años después de haberlos adjudicado a las empresas interesadas en su construcción no se preocuparon de verificar quiénes eran realmente los dueños de los terrenos.

Daños y perjuicios
El desastre fue tal que las empresas adjudicatarias anunciaron que exigirían al Ayuntamiento en los tribunales de Justicia 35 millones de euros de indemnización por los daños y perjuicios causados y que 1.600 sevillanos que habían anticipado a cuenta al menos 1.000 euros para reservar una plaza se quedaron sin ver ni el aparcamiento ni su dinero. El tema aún colea, porque Zoido, emulando a su predecesor en el caso del Bazar España y pese al dictamen negativo de los Servicios Jurídicos municipales, sigue empeñado en compensar con un dinero equivalente de las arcas públicas a los ciudadanos que habían dado esas señales a las empresas privadas que los dejaron colgados.

El alcalde se complació el martes 27 de agosto en recordarle al líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, algunos de los catastróficos episodios de la gestión de Monteseirín en materia de aparcamientos y le negó legitimidad para hablar sobre elllo, con estas palabras: “Engañaron a 1.500 sevillanos, a los que cobraron 1.000 euros, por lo que deben guardar silencio y pedir responsabilidad a todos los miembros del PSOE e IU que votaron a favor de esa iniciativa”.

Otra asignatura pendiente
Y es que Espadas, al que no le habían dolido prendas en reconocer que el Plan de Aparcamientos había sido “una asignatura pendiente del gobierno socialista anterior”, había denunciado que al cabo de dos años de mandato “el gobierno de Zoido sigue sin proyectos de aparcamientos para residentes, pese a haberse comprometido en su programa electoral a ejecutar 30 parkings”. El portavoz socialista ponía como ejemplo los pliegos de los dos únicos proyectos de construcción de aparcamientos en marcha, los de la plaza San Martín de Porres, en Triana, y la glorieta del Cid, en el Prado de San Sebastián, en los que sólo se había reservado un 15% de las plazas para los residentes tras continuos recortes a lo largo del proceso, con lo que sólo quedarían 70 para el vecindario, mientras que el resto tendría carácter rotatorio, para mayor ganancia de las empresas privadas que aspiraran a su construcción.

Zoido, durante una visita a las obras del distrito San Pablo-Santa Justa, no desmintió al portavoz socialista cuando el 27 de agosto declaró a los periodistas que le seguían  que, efectivamente, en lo parkings sacados a concurso se reservaría un 15% de las plazas para los vecinos, si bien añadió que un 25% se destinaría a algún tipo de abono. Lo más importante que el alcalde aseguró entonces ante los medios de comunicación fue esto:“han sido ya varias las empresas que se han interesado en el concurso por la concesión de estos dos aparcamientos, que ya están aprobados -añadió- en espera de la resolución del concurso público”.

En evidencia
Este aserto, realizado en puertas de la ‘rentrée’, puede calificarse como el primer gran patinazo del alcalde en el nuevo curso político, ya que tan sólo dos días después de haberlo pronunciado la Gerencia de Urbanismo reconocía de forma indirecta en una alambicada nota de prensa que el concurso convocado para construir los dos estacionamientos citados (San Martín de Porres y el Prado) había quedado desierto. O sea, que no se había presentado empresa alguna a la convocatoria, lo cual dejaba a Zoido a los pies de los caballos ante la opinión pública y los partidos de la oposición. Prácticamente de la noche a la mañana se había pasado de las “varias empresas interesadas” según la palabra del alcalde a la realidad evidente de que no había oferta alguna. Zoido, pues, había vendido humo.

Sin llegar aún a los extremos escandalosos de Monteseirín, el alcalde está tropezando con los aparcamientos con la misma piedra que su antecesor. No ha acometido aún ninguno de los 29 parkings que prometió en su programa electoral (redactado en 2011, cuando ya llevábamos tres años de crisis económica) y, paradójicamente, ha promovido dos que no estaban incluidos en el mismo: el del Prado de San Sebastián, fallido al no presentarse ninguna oferta en el reciente concurso público, y el de la Alameda de Hércules, causante de una rebelión vecinal en el Casco Antiguo y que le ha llevado a su enésimo enfrentamiento con la Junta de Andalucía y a tramitar la modificación del PGOU para tratar de ejecutarlo, más en beneficio de los comerciantes del Centro que de los residentes en el entorno.

San Martín de Porres
En el tono triunfalista que caracterizó su precampaña y campaña electorales y alardeando del denominado ‘efecto Zoido’, el hoy alcalde denunció en la primavera de 2011 que los vecinos y comerciantes del entorno de la plaza San Martín de Porres llevaban 12 años esperando que se construyera un aparcamiento, pese a lo cual nunca había sido incluido el proyecto en el Plan Director municipal. El entonces candidato del PP presentó en plena vía pública los planos del parking que construiría allí cuando fuera alcalde: uno de carácter mixto, subterráneo, con 476 plazas para propietarios de coches (60 para discapacitados) y 60 para dueños de motos, distribuidas en cuatro plantas, con un plazo de ejecución de 18 meses, por sistema de concesión y con un coste de 5,3 millones de euros.

El 8 de mayo de 2012, casi un año después de su toma de posesión como alcalde, Zoido anunció en rueda de prensa la construcción del parking de San Martín de Porres y se refirió a un estudio según el cual la demanda por la noche superaba el 113% de las plazas existentes (en la zona), por lo que dijo que había muchas plazas ilegales y estacionamientos en doble fila. El primer edil afirmó que el futuro parking tendría como mínimo 375 plazas, de las que 200 serían en rotación, 50 en cesión y 125 de abono (el 33% del total), y anunció que las obras se iniciarían en enero de 2013 y se finalizarían en dos años, plazos que calificó como “reales”.

Cifras recortadas
Obsérvese que las plazas ya eran un centenar menos de las prometidas en la precampaña electoral y que luego el proyecto quedó reducido aún más, pese a esa demanda del 113% de la que habló en su día Zoido: 315 plazas para automóviles y 34 para motos; y que, según Espadas, de ese total sólo un 15% fue reservado para los vecinos.

Los plazos “reales” citados por el alcalde también se han visto superados por la realidad, valga la redundancia, con lo que tras ser declarado desierto el concurso público es bastante probable que Zoido bata el récord de escasos aparcamientos de Monteseirín y lo empeore al no inaugurar ni un solo aparcamiento, ni de los programados en la etapa anterior de PSOE e IU ni de los prometidos en su campaña, en sus cuatro años de mandato.

Para tratar de salvarle la cara al alcalde, Urbanismo ha anunciado crípticamente que ya ha comenzado a negociar de forma directa con empresas que pudieran construir los parkings con, obviamente, otras condiciones distintas a las fijadas en los pliegos del concurso público declarado desierto y mediante otro sistema de adjudicación, de lo cual se colige que, por interés político, se rebajarán ahora las exigencias existentes hasta la fecha. ¿Cómo habría reaccionado Zoido y el PP si Monteseirín hubiera obrado de esta misma manera? ¿Cuánto tiempo habrían tardado en anunciar una demanda judicial por presunto trato de favor encubierto? Cabe preguntarse por qué el Ayuntamiento no ofrece esas nuevas condiciones a todas las empresas por igual mediante la convocatoria de otro concurso público en vez de negociar en una mesa camilla sin luces y taquígrafos con algunas elegidas de las que ni siquiera se revela el nombre.

Hemos pasado del urbanismo a la carta de los tiempos de Monteseirín y Marchena a los parkings a la carta en el mandato de Zoido.