Fuentes judiciales explicaron ayer a Efe que cuando Bernardo M. S. fue puesto a disposición judicial el 27 de junio pasado, acusado de robar motos en un taller sevillano, la Policía certificó al juez que las seis escopetas de caza y un rifle que guardaba en una finca de su propiedad en Carmona (Sevilla) tenían la correspondiente licencia.
El atestado policial dio cuenta entonces de que había una única guía de pertenencia dudosa, que era la de una pistola del calibre 6,35, pero el informe definitivo sobre su ilegalidad no llegó al Juzgado hasta un mes después.
Las citadas fuentes rechazaron las declaraciones del jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra, quien pidió públicamente explicaciones al juez por haber dejado en libertad a “un peligroso delincuente” que tenía “un arsenal de armas” en su domicilio.
Las fuentes judiciales dijeron que el juez de instrucción 4 de Sevilla dejó en libertad al detenido porque se trataba de un delincuente “primario”, que carecía de antecedentes penales y policiales, y además él mismo llevó a la Policía a la finca donde guardaba las motos robadas y las armas que ahora son objeto de polémica. Según las fuentes, Bernardo no era “un delincuente que lleva un arma y está dispuesto a utilizarla”, como lo ha definido el jefe policial, sino que “en aquel momento nada indicaba que se tratase de un delincuente potencialmente peligroso”.
El pasado viernes, este hombre atracó un supermercado de Sevilla y disparó al abdomen al inspector de Policía Jesús Gómez Palacios, que sigue hospitalizado, por lo que éste a su vez le disparó y le causó la muerte.
La libertad del ladrón no fue recurrida por la Fiscalía sevillana, han añadido las fuentes. Bernardo M. S. fue puesto a disposición judicial tras abrir con ayuda de una llave duplicada un taller de motos, de donde se llevó varias, por lo que la Policía le imputó un presunto delito de robo con fuerza.
Las fuentes citadas precisaron que, incluso en la hipótesis de haber sido acusado entonces de tenencia ilícita de armas, la pena aparejada hubiese sido de un año de cárcel que, al carecer de antecedentes penales, no habría cumplido.
El atracador fallecido era un mecánico en paro, con tres hijos y recién separado de su esposa, que le había denunciado por impago de la pensión alimenticia.
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