El sindicato Manos Limpias ha presentado este viernes ante el juzgado de instrucción de guardia de Sevilla una nueva ampliación de la denuncia registrada la semana pasada contra los máximos responsables de UGT-A, el exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana y su actual titular, Francisco Fernández Sevilla, por presuntos delitos de "malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida" ante el uso "indebido" de fondos de formación para desempleados, así como por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública.
En esta segunda ampliación de su denuncia, consultada por Europa Press, Manos Limpias solicita al juzgado que investigue informaciones periodísticas publicadas en los últimos días relativas a la petición del sindicato a una empresa de diseño para que modificara una factura por la rotulación de un autobús para la huelga general de 2010 "para poder cargarla a fondos para parados de la UE"; la facturación "con cargo a subvenciones para cursos de formación" de 250 pancartas para la misma protesta; el cargo a la Junta de Andalucía de un "almuerzo de 1.300 euros con el secretario general de UGT, Cándido Méndez" en el marco de las "reuniones divulgativas del Acuerdo de Concertación Social de Andalucía"; y el "pago de sobresueldos a la Ejecutiva de UGT-A camuflados como dietas".
El pasado martes Manos Limpias ya solicitó al juzgado que investigase tanto la posible "contratación de adolescentes menores de 18 años de forma eventual sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles en dinero negro por los servicios prestados a favor de UGT-A" en tareas como el "ensobrado de cuotas sindicales" como el "costeo" de la revista 'Trabajo y Diálogo Social' "con fondos de cursos para parados" financiados con cargo al Fondo Social Europeo.
En opinión del sindicato, estas actuaciones podrían ser constitutivas de un delito contra el derecho de los trabajadores recogido en el artículo 311 del Código Penal en el primer caso y de sendos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social recogidos en el artículo 305 y siguientes en el segundo caso.
Según subraya Manos Limpias, estas actuaciones se suman a "una serie de escándalos de corrupción en cadena en UGT-A, desde el caso de los ERE fraudulentos, donde la juez Mercedes Alaya ha llegado ya a la conclusión de fraude y de financiación ilegal de UGT-A por más de ocho millones de euros, pasando por el desvío de fondos a publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 en lugar de haberse empleado en cursos de formación".
En su primera denuncia, formulada el pasado 13 de agosto, Manos Limpias indicaba que UGT-A "falseó facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados", al tiempo que aseveraba que UGT-A "pagó con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento". A su juicio, estos hechos inciden en presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, malversación en caudales públicos y apropiación indebida.
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