El primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, que se celebrará el próximo 27 de agosto, tiene previsto aprobar el proyecto de ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, departamento encargado de elaborar dicho texto normativo.
La futura ley autonómica pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.
Asimismo, con esta normativa, anunciada por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, el pasado mes de noviembre, se busca garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.
Todo ello, mejorando la protección de las personas consumidoras a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles, una garantía que también se extenderá a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos y a las 'personas hipotecantes'.
La iniciativa tiene como prioridad la protección de los más débiles, en especial familias con hijos o sin ingresos, personas mayores y otros colectivos vulnerables en sintonía con la demanda de la sociedad en general.
Esta actuación se adapta y además se ve reforzada con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE que ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
El nuevo texto legislativo contempla la transparencia en los contratos y precios, así como las comunicaciones y publicidad comercial destinada a la ciudadanía y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.
La Junta pretende con esta iniciativa, que complementa a la actual Ley de Consumo autonómica, "dar un paso más" en la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias en relación con la suscripción de créditos o préstamos garantizados mediante hipoteca sobre la vivienda.
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