La Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado sólo parcialmente el recurso de apelación promovido por José González Mata, dueño de la consultora 'Uniter' e imputado en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, contra el auto emitido por la juez Mercedes Alaya el 18 de junio ordenando su ingreso en prisión. Después de que la juez aceptase el pasado 31 de julio rebajar de 600.000 a 450.000 euros la fianza necesaria para su libertad, la Audiencia no accede no obstante a decretar su libertad, confirma la reducción de la fianza y pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre el contenido del recurso de apelación al poder "incidir en el terreno de lo delictivo".

   La juez Alaya investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos en su mayoría relacionados con el PSOE. Las ayudas, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.

LAS SOBRECOMISIONES

   Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Para la juez, "la clave" del aprovechamiento ilícito "son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente". Las sobrecomisiones, según la juez, constituían "el verdadero alimento de esta trama corrupta" y del que "se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables".

   En esa línea de la investigación, la juez emitió el pasado 18 de junio un auto mediante el que ordenaba el ingreso en prisión de José González Mata, dueño de la consultora 'Uniter', una de las compañías de gestión investigadas en la causa. Contra dicho auto, la representación de González Mata interpuso recursos ante el Juzgado de Instrucción número seis y la Audiencia Provincial reclamando la libertad sin fianza y, de manera subsidiaria, la fijación de una fianza en cuantía acorde con la situación personal, procesal y económica del imputado y que pueda prestarse mediante constitución de garantía hipotecaria o prestación de aval bancario.

DURO RECURSO

   El recurso en cuestión, recogido por Europa Press, defiende que el dueño de Uniter "es un profesional exquisito que lo que ha hecho es prestar sus servicios de mediador de seguros en el contexto de un sistema que ni ha creado ni ha impuesto, sino al que se ha adaptado". Dicho recurso, además, entiende el auto de ingreso en prisión como un instrumento para "facilitar la imagen de mi cliente esposado y conducido a un centro penitenciario, a pesar de que en el propio auto se reconocen que no concurren motivos para privarlo de libertad", pues la juez "descarta la existencia de riesgo de fuga y de posibilidad de obstruir la instrucción".

   El recurso señala que la juez ha "condenado a prisión" a González Mata al "fijar una fianza que se sabe no va a poder hacer efectiva", ordenando así "en realidad una prisión incondicional", extremo que "no es constitucionalmente legítimo ni se acomoda a las exigencias del Estado de Derecho; lejos de ello, es perverso, inaceptable, inicuo y malévolo". Según expone el recurso, el procedimiento judicial "pone en tela de juicio la inocencia de muchas personas sin darle oportunidad a defenderse, alimentando la fobia de muchos hacia todo lo que suena a política" y "se tramita con una lentitud exasperante".

EL PAPEL DE VIERA

   Y es que, según el recurso, "se demoran decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de la competencia y la jurisdicción", en clara alusión al caso del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico y actual diputado nacional José Antonio Viera, cuya imputación podría suponer la elevación del caso al Tribunal Supremo a cuenta de su condición de aforado. "No sabemos por qué oscuras razones, pues no será porque se tema que el Tribunal Supremo no vaya a mantener igual dedicación u observar igual perspicacia que la actual instructora", expone el recurso. "Mucho nos está recordando este procedimiento a las características del ya afortunadamente extinto proceso inquisitivo", llega a plasmar además el texto, que atisba en el tratamiento judicial de José González Mata un intento de procurar su "muerte civil".

   Pero a través de una providencia fechada el 8 de agosto y recogida por Europa Press, la Audiencia Provincial expone que en el auto de fecha 31 de julio emitido por la juez Alaya y aún no notificado a las partes quedaba reducida a 450.000 euros la fianza fijada. Esta providencia, así, estima parcialmente el mencionado recurso de apelación "en el único sentido de reducir la fianza a 450.000 euros en metálico o mediante aval bancario o garantía hipotecaria", pero remite el propio recurso a la Fiscalía al entender que el mismo contiene "expresiones y frases que podrían incidir en el terreno de lo delictivo". Señala así el "exceso dialéctico" del recurso y sus "juicios de valor, cuando no de intenciones, acerca de la juez".

LA AUDIENCIA AVISA

   La redacción del recurso, según la Audiencia, incurre en una "grave conducta absolutamente innecesaria, pues se admite una "libertad de expresión cualificada o reforzada", pero no "el insulto y la descalificación innecesaria". La Audiencia señala que la instrucción del caso "no trata de demonizar" a determinados agentes sociales y descarta que la juez utilice como "oráculo" a la Guardia Civil, avisando de que González Mata "no es un mero invitado de piedra" en los hechos indagados.

   Según la Audiencia, el imputado "ha obtenido elevadas sobrecomisiones y entregado como contrapartida a cargos de la administración autonómica, a los denominados conseguidores y a otros colaboradores cuantiosas gratificaciones justificadas con facturas falsas, incluyendo como beneficiarios de las pólizas a personas afines, los denominados intrusos". En las prejubilaciones de la faja pirítica de Huelva, por ejemplo, González Mata habría sido el "coordinador de las operaciones" y a través de las empresas que controlaba habría percibido "comisiones por importe de unos diez millones de euros", cinco de los cuales "superan la comisión media del mercado". "El recurso no combate ni una sola de las operaciones de ingreso de González Mata", concluye la Audiencia.