El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha criticado este jueves que el PP-A haya malinterpretado las palabras del vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, en relación al caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), cuando lo que estaba pidiendo, según ha explicado, era "celeridad".
Como se recordará Valderas aseguraba este miércoles que la juez Mercedes Alaya "no se distingue por su celeridad ni prontitud" en la investigación del caso, mientras que Andalucía necesita ya "pasar página" de este asunto "y pasarla conociendo el alcance y las responsabilidades políticas y penales".
Este pronunciamiento del vicepresidente andaluz motivó la inmediata reacción del PP-A, cuya vicesecretaria de Políticas Sociales y Acción Sectorial del PP-A, Dolores López, le replicó en rueda de prensa es la Justicia quien decide hasta cuándo seguir investigando el caso de los ERE fraudulentos y no el Gobierno andaluz.
A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Castro ha insistido en que el sentido de las palabras de Valderas iban en relación a que "a todos nos gustaría que se determinaran responsabilidades políticas y penales cuanto antes, y que si la juez necesita ayuda, como jueces de apoyo, que le eche una mano todo aquel pueda hacerlo para que se llegue hasta el final".
El dirigente de izquierdas dicho que IULV-CA tiene muy claro que será la Justicia quien determine "cuál va a ser final del caso de los ERE" y ha subrayado que desde esta formación siempre se ha afirmado lo mismo, "que se investigue hasta el final, caiga quien caiga, que declaren todos los imputados cuanto antes, que se consiga la devolución del dinero robado y que se despeje el mayor caso de corrupción de Andalucía de la mejor manera posible".
Castro ha reconocido la "profunda decepción" que sintió su formación cuando la comisión de investigación de los ERE creada en el Parlamento andaluz no pudo establecer responsabilidades políticas, por la "conveniencia de PSOE y PP", dos formaciones "que montaron una asociación que se llamó bipartidismo".
En su opinión, se podrían haber delimitado entonces responsabilidades políticas que pusieran "colorado" al PSOE-A, declarando responsables políticos del caso de los ERE a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.
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