La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana Corredera, ha criticado este lunes el "boicot" que el Gobierno andaluz está realizando a la instrucción del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) al no enviar documentación requerida por la Justicia, lo que le ha llevado a preguntar al Ejecutivo andaluz "y a quién está intentando tapar y por qué".
En rueda de prensa, Corredera se refería así al hecho de que el PP-A haya elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla un escrito en el que avisa de que la Junta ha "omitido" supuestamente la entrega de un informe "adicional" incluido en la auditoría de las cuentas del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía relativas al ejercicio 2005 y que avisaría, ya entonces, de "las consecuencias de la utilización de expedientes administrativos inadecuados".
Para la dirigente 'popular', éste es un "ejemplo más" de la falta de transparencia y colaboración de Gobierno andaluz en todo este proceso y del "desdoblamiento de personalidad" de la Administración andaluza, "que pide celeridad y agilidad por un lado, mientras que por el otro, pone continuamente piedras en el camino de la instrucción".
"Primero negaron las actas de los Consejos de Gobierno; luego llegaron continuos requerimientos de informes por parte de la juez por información no entregada; más tarde recurrieron al auto en el que se imputaba a 20 altos cargos, y lo último fue el consejero de Justicia, Emilio de Llera, cuestionando la instrucción", ha explicado.
La dirigente 'popular', que ha lamentado que la Junta pretenda ser "acusación y defensa", le ha recordado al Gobierno andaluz que es "absolutamente imposible soplar y sorber al mismo tiempo". Asimismo, ha insistido en que su formación no va a ofrecer "balones de oxígeno" al futuro gobierno ante el "mayor expolio" en la historia de Andalucía.
Corredera ha afirmado que los andaluces necesitan saber la verdad y ha lamentado que el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, haya rechazado la celebración de la Diputación Permanente, a petición del PP-A, para pedir que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, comparezca sobre los ERE antes de formalizar su renuncia al cargo.
Finalmente, preguntada por la posibilidad de que la juez Mercedes Alaya haya podido decidir no remitir a medio plazo el caso al Tribunal Supremo (TC), tal y como ha informado este lunes la Cadena Ser, la dirigente del PP-A ha dicho que su formación es respetuosa con la acción judicial y nunca se pronuncia sobre sus decisiones.
