El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido incontrolado de 70 bloques de hormigón en aguas próximas a Gibraltar la semana pasada "sin ningún tipo de autorización e incumpliendo varias normas medioambientales", lo que considera que es susceptible de ser delito medioambiental.
Así, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha señalado que el sector pesquero de la Bahía de Algeciras, en Cádiz, ha advertido de que estos vertidos han dañado "gravemente" el caladero y hace "imposible" las capturas en la zona de la Línea de La Concepción.
En la denuncia, el Ministerio ha expuesto que la semana pasada un remolcador procedente de Gibraltar arrojó al mar estos bloques de hormigón, sin ningún tipo de autorización, lo que puede suponer el incumplimiento de varias normas medioambientales y que, a consecuencia de estos vertidos, se han visto afectadas "la totalidad de las modalidades y especies habituales de la flota, tanto de Algeciras como de la Línea de la Concepción".
Para el departamento que dirige Arias Cañete, la colocación de estos bloques de hormigón imposibilita el desarrollo de la actividad marisquera española tradicional en la zona, y dificulta la pesca de cerco, puesto que los artes pueden dañarse con los módulos de hormigón.
Además, precisa en el escrito al fiscal que el 24 de julio el Servicio Marítimo de la Guardia Civil constató, tras la denuncia de pesqueros españoles que se estaban llevando a cabo operaciones de hundimiento de estos bloques de hormigón.
ESCOLTADOS POR LA POLICÍA DE LA COLONIA
En este sentido, añade que estas operaciones se realizaron desde una plataforma flotante, con ayuda de un remolcador y escoltadas "en todo momento por medios marítimos pertenecientes a los distintos cuerpos policiales y militares de la Colonia de Gibraltar".
Asimismo, agrega que estas tareas continuaron el 25 de julio pese a la oposición de los pesqueros españoles y a la presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
El Ministerio considera que esta actuaciones, aun cuando puedan tener por objetivo la creación de un arrecife artificial de protección del medio marino como ha afirmado el Gobierno de Gibraltar a los medios de comunicación, se han realizado sin tener la necesaria autorización para ello.
Igualmente, denuncia que carecen del oportuno título de ocupación del dominio público marítimoterrestre y del preceptivo informe de compatibilidad con la Estrategia Marina del Estrecho y Alborán.
Finalmente, expone que tampoco se ha tenido en cuenta la cercanía a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental, recientemente declarada por el Gobierno español mediante Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre.
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