Un juez ha convocado a un acto de conciliación al ex director general de Trabajo y Seguridad y Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y a su anterior abogado en esta causa después de que el primero le haya reclamado que devuelva los 18.000 euros que sufragó en su día la Administración autonómica por sus honorarios.
En una diligencia de ordenación dictada el pasado 16 de julio, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga fija el acto de conciliación entre Daniel Alberto Rivera y su exabogado, Pedro Apalategui, para el próximo día 23 de septiembre a las 9,30 horas, advirtiendo de que "de no concurrir al acto, se dará por intentado sin efecto, condenándole en costas".
Rivera, que es el único de los cargos o ex altos cargos imputados por la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE al que la Junta de Andalucía abonó su defensa, promovió a finales del pasado mes de junio este acto de conciliación frente a su anterior abogado, que le defendió en este procedimiento hasta mediados de 2012, cuando encomendó su defensa al letrado José Estanislao López.
En el escrito en el que promueve el acto de conciliación ahora fijado, el abogado del ex director general de Trabajo recuerda que la Consejería de Empleo pagó un total de 18.000 euros a Pedro Apalategui, cantidad que Daniel Alberto Rivera completó con la entrega de otros 5.000 euros, ascendiendo el coste total de la defensa a 23.000 euros.
"INTERESES CONTRARIOS"
Tras ser cesado como director general de Trabajo, los gastos relativos a procuradores y letrados que intervienen en su asistencia jurídica han sido abonados por el propio Rivera "con la ayuda de su familia", según el letrado.
En la conciliación previa a la demanda, el letrado de Rivera relata que, unas semanas después, Apalategui pasó a defender en la causa de los ERE fraudulentos al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, una defensa que asumió "sin requerir su consentimiento" y pese a que esta defensa "detenta o pudiera detentar, a lo largo del procedimiento, intereses contrarios" a los suyos.
Por ello, Rivera considera que su exabogado, "por acción, omisión o imprudencia grave, ha perjudicado manifiestamente los intereses de defensa que le fueren encomendados" por el ex director general de Trabajo.
