Abren diligencias contra la Junta y el Ayuntamiento de Carboneras por el Algarrobico

La fiscalía ha reabierto diligencias de investigación para dirimir si en la gestión en torno al hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería), de la administración local y autonómica se cometieron presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial acordó la incoación de estas diligencias mediante decreto de 1 de octubre de 2008, según consta en un escrito de la Fiscalía General del Estado.

La decisión se produjo después de que el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Almería dictase la nulidad de la licencia de obras del hotel y remitiera la causa al ministerio público al apreciar en la actuación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Carboneras indicios en la comisión de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio a falta de "una más depurada calificación".

El escrito, remitido el 17 de febrero por la fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, detalla que el ministerio público analiza si del citado procedimiento contencioso administrativo "se deducen hechos nuevos o elementos probatorios relevantes con entidad jurídico-penal no contemplados" en el decreto de junio de 2007 que supuso el archivo de las diligencias que ahora se reabren.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial ya ha ordenado la práctica de diversas diligencias de prueba en este sentido al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que se ha hecho cargo del asunto, según fuentes judiciales.

Infracción urbanística muy grave

La incoación de diligencias que ayer se dio a conocer se materializó transcurrido menos de un mes desde que el titular del Juzgado de lo Contencioso 2 de Almería, Jesús Rivera, dedujese testimonio al ministerio fiscal del recurso contencioso administrativo por el que este juez forzó la revisión de la licencia de obras del hotel, al incurrir ésta en una infracción urbanística muy grave.

En la sentencia, dictada el 5 de septiembre, Rivera apreció la presunta comisión de irregularidades por parte del consistorio y de la Junta de Andalucía al entender que sendas administraciones ampararon la construcción del complejo a sabiendas de que contravenía la Ley de Costas y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata-Níjar de 1994.

En concreto, el juez esgrime una supuesta modificación por parte de la Junta de los planos del citado PORN por la que el paraje del Algarrobico pasó de figurar como zona C1 no urbanizable, a incluirse en las áreas D2, referidas a terrenos urbanizables.

El juez califica esta operación en su sentencia de "burda maniobra" llevada a cabo, según sostiene, por la administración andaluza de forma "clamorosamente contraria" a la Ley, para adaptar el Plan de Ordenación del parque natural a las Normas Subsidiarias de Carboneras, en las que el sector afectado por la construcción se consideraba urbanizable.

En los días posteriores a este fallo judicial, tanto el ayuntamiento, gobernado por el PSOE, como la Junta de Andalucía, negaron haber cometido irregularidad alguna en relación con el edificio que construyó Azata en terrenos del parque natural de Cabo de Gata.